![Movilización en Iruñea para denunciar la decisión de poner en libertad provisional a ‘La Manada’. (Idoia ZABALETA/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/510/872/article_main_landscape/irunea-manada.jpg)
Se trata de una situación administrativa similar al del militar Alfonso Jesús Cabezuelo, otro de los condenados. El Ministerio español de Defensa ha informado este miércoles de que no asignará destino a este militar aunque se haya levantado su situación de suspensión de servicio y haya vuelto a estar en activo, algo que «no se podía evitar» de acuerdo a la ley.
La Guardia Civil abrió a Antonio Manuel Guerrero, agente en práctica de 29 años, un expediente disciplinario después de que fuera detenido por participar en esta agresión grupal junto a un grupo de amigos. En base a ese expediente, según informaron desde el Instituto Armado, este miembro de ‘La Manada’ fue suspendido de empleo.
El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla seis tipos de situaciones administrativas: servicio activo; servicios especiales; excedencia; suspensión de empleo; suspensión de funciones y reserva.
En el caso de Antonio Manuel, fue condenado también por robar el móvil de la joven tras la agresión sexual, tal y como reconoció en el juicio, por lo que se le ha atribuyó un delito leve de hurto, que supone una pena de dos meses de multa a 15 euros por día. El tribunal tiene también pendiente confirmar si lo mantiene en libertad, como al resto de miembros de ‘La Manada’, tras personarse en una oficina de la Policía en Sevilla de expedición del pasaporte.
Procedimiento
Fuentes de la Guardia Civil explican que, desde el momento en el que la sentencia por la agresión sea firme, se abre un procedimiento reglado en el que un oficial del Instituto Armado es designado como instructor. Junto a un secretario tienen que valorar la infracción que ha cometido este guardia civil a efectos de aplicar la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario 12/2007.
Antonio Manuel se arriesga a ser sancionado por una falta muy grave. La resolución que se adopte será firmada por la ministra española de Defensa, Margarita Robles, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según detallan las citadas fuentes conocedoras de este tipo de procedimientos.
En el artículo 7.13 de Régimen Disciplinario se regula la sanción para quien «comete un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica».
«Las sanciones disciplinarias», dice el Régimen de la Guardia Civil, «tienen por finalidad la corrección de comportamientos perjudiciales para el servicio o para los ciudadanos, o lesivos para el funcionamiento de la Institución». En los casos de faltas muy graves, la sanción prevista va desde la separación del servicio a la suspensión de empleo desde tres meses y un día a un máximo de seis años; o pérdida de puestos en el escalafón.
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