El Gobierno español ha respondido por escrito a la pregunta realizada por la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, quien en mayo le pidió que explicara por qué había solicitado informes sobre la situación de los presos políticos vascos.

En su respuesta, Madrid señala que el pasado 23 de febrero (con el Gobierno del PP) se envió un correo a los directores de los centros penitenciarios para saber qué presos vascos habían pedido progresión de grado, permisos o destinos, los que habían participado en programas de tratamiento y actividades o los que habían solicitado actualización y notificación de los programas individualizados de tratamiento (PIT).

Se preguntaba también por cualquier indicio que apuntara a que el preso aceptaba «las vías legales facilitadoras de su reinserción».

El Gobierno español asegura que la información solicitada «forma parte de la actividad de gestión habitual y normalizada que se recaba y contrasta para disponer de un conocimiento individualizado de todos los internos que están incluidos» en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), «no solo de los internos de la banda terrorista ETA».

De acuerdo con la respuesta, la citada información, que ya ha sido recibida, «se analiza y se contrasta y sobre la misma se adoptan aquellas decisiones de la Administración Penitenciaria que conforman el modelo de cumplimento de la condena» previsto en el ordenamiento penitenciario.

Y todo ello «dentro del modelo individualizado de ejecución penal» que prevé la Ley Orgánica General Penitenciaria, asegura el Gobierno, quien precisa que se pidió datos de «todos los internos de la organización terrorista ETA».

Madrid sostiene que el objetivo de pedir esa información es «mantener actualizado el fichero penitenciario de los internos de especial seguimiento» y «nada tiene que ver con la posible elaboración de ningún listado de presos susceptibles de ser acercados a las prisiones vascas, que ni existe ni se está elaborando».

Apunta que no se ha actuado con «urgencia» y explica que fijar una fecha concreta para recibir la información «es una forma de proceder habitual en la gestión penitenciaria», que intenta que los informes que se solicitan no se demoren y pierdan vigencia y actualidad.

El Gobierno español insiste en que solicitar informes a los directores de prisiones «es algo habitual y normalizado».