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De acuerdo con los documentos judiciales a los que ha tenido acceso la agencia Efe, la Fiscalía de Bizkaia interpuso una denuncia el pasado mes de mayo al considerar que el exalcalde del PNV en Alonsotegi José Luis Erezuma y las otras cinco personas se pusieron de acuerdo para procurar un «beneficio económico» a una empresa mediante el pago por parte del Ayuntamiento de unas facturas por la reparación de unos desperfectos «inexistentes» con dinero procedente de la Diputación de Bizkaia.
Se da la circunstancia de que esta actuación trasciende un día después de conocerse que otro juzgado de Barakaldo ha procesado a otros dos exalcaldes del PNV en la localidad vizcaina –Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santiesteban– y a otras cuatro personas por cinco presuntos delitos, entre ellos los de «malversación, fraude y tráfico de influencias».
El arquitecto Alberto Zulueta se encuentra denunciado en las dos causas.
En la denuncia, la Fiscalía recuerda que Erezuma, quien fue alcalde de Alonsotegi entre 2011 y 2015, suscribió con otra de las personas denunciadas un contrato menor de servicios de asistencia técnica.
Tras las fuertes lluvias que tuvieron lugar en la localidad entre el 4 y el 6 de noviembre de 2011, desde el Ayuntamiento se pidieron subvenciones a la Diputación para trabajos de «reparación urgente» del muro de contención de la carretera Bilbo-Balmaseda, del muro de contención del centro de salud y del sótano de la casa consistorial. Según la Fiscalía, recibieron 600.000 euros en ayudas.
El Ministerio Público añade que una de las personas denunciadas emitió tres informes en los que hizo constatar «desperfectos inexistentes». Para el fiscal, los denunciados se pusieron de acuerdo con el objetivo de procurar a Alberto Zulueta, Juan Torrontegi Legarreta y a Laneder Construcciones «un beneficio económico ilícito mediante el pago por el Ayuntamiento con el dinero procedente de la Diputación en concepto de subvenciones, de facturas emitidas por aquellos sin contenido económico real».
Para la Fiscalía, los hechos son indiciariamente constitutivos de delitos de «falsedad en documento oficial, prevaricación, fraude y malversación».
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