Cansados pero contentos. Así llegaron ayer a la prisión de Zaballa los participantes en la marcha ciclista organizada por Sare y Bagoaz dentro de la dinámica “Orain presoak”. Una iniciativa solidaria en defensa de los derechos de los represaliados vascos en la que han pedaleado más de 300 personas.

La marcha partió el pasado viernes desde el penal de Mont de Marsan, en las Landas, y arribó ayer a Zaballa tras pasar por el centro de Gasteiz, donde compareció ante los medios de comunicación el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga.

Puso en valor el papel de la sociedad civil, que, a su juicio, debe participar de forma «muy activa» en la resolución del conflicto y en la búsqueda de la paz.

En este sentido, advirtió de que, «si la sociedad civil no se moviliza, probablemente los gobiernos tampoco» lo harán. Y recordó los pasos que se están dando en Ipar Euskal Herria, donde se ha logrado que el Ejecutivo de Macron comience a acercar a algunos presos a Lannemezan y Mont de Marsan.

Garazi Arrula, que tomó la palabra en el acto organizado en la plaza de la Virgen Blanca, hizo hincapié en que «nos encontramos en un nuevo tiempo, que hubiera sido imposible si nuestros amigos de Zuberoa, Nafarroa Beherea y Lapurdi no hubieran dado un paso al frente y no hubieran activado a la sociedad civil para posibilitar la disolución de ETA».

«Y no hubiera sido posible si los Artesanos de la Paz, gracias a la mediación con el Estado francés, no hubieran logrado que se den los primeros pasos para acabar con la política de alejamiento», añadió antes de insistir en la necesidad de dar cauce en Hego Euskal Herria a la vía abierta al norte del Bidasoa.

Según explicó, la cárcel de Mont de Marsan «se ha convertido en un símbolo de la activación de la sociedad civil y de los frutos que da el trabajo realizado. Y con esta marcha queremos que Zaballa se convierta en otro símbolo».

«Tenemos claro que una mayoría coincide con este deseo, ya que no creemos que nadie quiera mantener esta larga situación de sufrimiento, que nadie quiera que las próximas generaciones vivan en una sociedad dividida o en la que se pueda repetir la misma situación», destacó en referencia al conflicto.

Trabas de la Ertzaintza

Tras escuchar sus palabras, los ciclistas cargaron fuerzas y se prepararon para realizar los últimos kilómetros, de Gasteiz a Zaballa. Allí se encontraron dos vehículos de la Ertzaintza, que les impidió subir a la colina en al que se ubica la cárcel.

«No nos han dejado subir, una prueba más de las diferencias que existen entre los dos estados», señaló en declaraciones a GARA Inaxio Oiarzabal, de Sare, que saludó la participación de la ciudadanía en la marcha ciclista. «Hemos visto que existe una cohesión social para acabar con el alejamiento y cambiar la política penitenciaria del Estado español», apuntó

Y recordó que el objetivo de la dinámica “Orain presoak”, presentada el pasado mes de junio, es precisamente mantener una sociedad civil activa y comprometida para avanzar hacia el futuro y desactivar la política de excepción.

En este sentido, mostró su esperanza en que la marcha ciclista haya servido para activar a más ciudadanos y ciudadanas, a las que espera ver el próximo 20 de octubre en Bilbo, donde esta convocada una manifestación.

Desde el viernes sobre la bici

A esa cita no faltarán medio centenar de personas que no han parado de pedalear durante estos cuatro días. Iñaki Landa es una de ellas, y ayer recordaba la tromba de agua que les cayó cuando se dirigían a Baiona. «Llovió, pero sabíamos que al llegar nos podríamos dar una ducha», manifestó en clara alusión al apoyo que han recibido durante estos días en los pueblos y en las ciudades por las que ha pasado la marcha.

«En Irun eramos más de cien ciclistas, y en muchos pueblos de Gipuzkoa mucha gente se sumaba a la marcha para hacer tramos cortos, de un pueblo al siguiente. Eso ha pasado también en Araba. En Agurain se ha sumado gente que ha ido con la marcha hasta Atusa –una empresa situada en las afueras del municipio–», detalló.

Pero si hay algo que le ha impresionado ha sido el recibimiento en Altsasu, un pueblo que conoce muy bien los efectos de la política de alejamiento, aplicada a siete jóvenes que han sido condenados a largas penas de prisión por una trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en un bar en ferias de 2016.

«Me emocioné, se me pusieron los pelos de punta. Fue algo muy bonito, con la participación de muchos vecinos», subrayó el joven gasteiztarra.

La AN concede el segundo grado a la hernaniarra Marta Igarriz

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la progresión de primer a segundo grado a la presa vasca Marta Igarriz, condenada a 15 años y seis meses de prisión y que cuenta con las 3/4 partes de la pena cumplidas. Este auto, emitido el pasado 20 de julio, cuenta con la conformidad del Ministerio Fiscal y destaca, entre otras cuestiones el avanzado estado de cumplimiento de la condena, la antiguedad de los hechos delictivos por los que fue condenada y el apoyo familiar de la presa. Contrariamente a lo resuelto en el caso de Igarriz, el tribunal de excepción denegó a comienzos de julio la progresión de grado a Sebas Etxaniz. A sus 75 años, Etxaniz es el preso vasco de mayor edad.

La decisión sobre la hernaniarra llega cuatro meses después de presentar el recurso contra la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias denegando el cambio de grado. Una negativa que viene siendo común en el caso de los presos vascos, la mayoría de los cuales —alrededor del 95%– están bajo régimen de primer grado. Esta situación de excepcionalidad mantiene a los reclusos sometidos a duras condiciones de vida y estrictas medidas de seguridad alegando causas como la peligrosidad o la inadaptación.

A finales de junio abogados de presas y presos vascos denunciaron la situación de bloqueo en la que se encuentran infinidad de recursos jurídicos presentados en la AN, al tiempo que hacían un llamamiento a cambiar la política penitenciaria ante la vía jurídica emprendida por el colectivo de presos. Una de las cuestiones en las que incidieron fue precisamente la urgencia de los cambios de grado como paso previo a permisos de fin de semana. La decisión en torno a Igarriz podría indicar un incipiente cambio en la política de bloqueo, según la comisión de presos de Sortu.GARA