En una reunión de la Comisión Bilateral entre Madrid y la CAV celebrada el lunes, los gobiernos de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu abordaron las leyes intervenidas por el Tribunal Constitucional y acordaron la retirada de los recursos a la ley de abusos policiales y a los presupuestos de 2018. El portavoz del Ejecutivo de Lakua, Josu Erkoreka, dio cuenta ayer del alcance de la reunión en la que, según indicó, también hablaron de las transferencias pendientes.

El delegado del Gobierno español en la CAV, Jesús Loza, ya adelantó en semanas anteriores la posibilidad de un acuerdo entorno a la ley de abusos policiales, aprobada en 2016. Varios de cuyos varios artículos han estado suspendidos por el recurso presentado en su día por el Ejecutivo del PP. Ahora se ha acordado retirar el recurso antes de las vacaciones de verano a cambio de introducir unos «cambios puntuales y muy concretos» que buscan «reforzar las garantías jurídicas y constitucionales de esta ley».

«Se tata de un buen acuerdo. Hemos conseguido salvaguardar el contenido y la operatividad de la ley y garantizar que las víctimas de vulneraciones de derechos humanos puedan ser reconocidas y reparadas al amparo de esta norma», señaló.

Al respecto, Erkoreka apuntó que «se reforzará la seguridad jurídica», de forma que «no se invadirán competencias del Poder Judicial» y se «salvaguardarán los derechos al honor, la presunción de inocencia y la protección de datos que podrían estar en entredicho con la Ley inicial».

La modificación de la ley deberá tramitarse en el Parlamento, aunque según Josu Erkoreka, PNV y PSE han mantenido contactos con todos los grupos parlamentarios en los que han visto una disposición «favorable» para facilitar la aprobación de estas reformas.

«Teoría del conflicto»

Jesús Loza, compareció por la tarde, tras el anuncio de Erkoreka, para rechazar «de manera rotunda» que la ley de víctimas de abusos policiales «pueda animar la teoría del conflicto». Aseguró que las modificaciones irán dirigidas a centrar el «reconocimiento y reparación» de estas víctimas en el ámbito meramente administrativo y ubicar la actuación de las administraciones vascas dentro de la «asistencia social», sobre la que tiene competencias. Así se va a alejar «absolutamente» la consideración de la comisión de valoración que crea la ley como un nuevo órgano jurisdiccional.

También recogerá, apuntó, una manifestación explícita del «derecho al honor, a la presunción de inocencia y a lo previsto en la legislación de protección de datos de los miembros de las FSE». Asimismo, el gobierno pide retirar la disposición adicional sexta, también impugnada por el anterior ejecutivo, en la que se hace mención a la «culpabilidad» en la vulneración de derechos por parte de funcionarios públicos.