El 23 de julio Gipuzkoa presentó los resultados de la campaña de renta y patrimonio. El diputado de Hacienda, Jabier Larrañaga, aprovechó los buenos datos de recaudación para señalar que sostener el Estado del Bienestar no significa que no se pueda introducir «alguna mejora». Al día siguiente el grupo Vocento descifraba el significado de tan críptica frase. En un alarde de imaginación y tomando una vez más al Estado español como modelo, las haciendas forales estarían pensando en copiar las medidas que acordaron PP y Ciudadanos durante la tramitación de los presupuestos de 2018.

Los cambios serían subir el límite exento hasta los 14.000 euros y aumentar la reducción para sueldos entre 14.000 y 18.000 euros. En teoría, medidas para reducir la presión fiscal a los que menos ganan; en la práctica, como ha mostrado la simulación que hizo el Banco de España, favorecen a otros grupos con mayores sueldos, simplemente porque los trabajadores con salarios bajos apenas pagan ya impuestos.

Este tipo de medidas sirven para alimentar la demagogia, especialmente en un año electoral, pero favorecen muy poco la equidad. Además, como indica el informe de la OCDE “Taxing wages 2018”, el Estado español es el tercer país de la UE con los menores impuestos a los salarios. Son las cotizaciones empresariales las que acercan la carga fiscal a la media de nuestro entorno. A pesar de ello, en Euskal Herria, como siempre, mirando hacia atrás.

Cuatro días más tarde, el diputado de Bizkaia, Unai Rementeria, lanzó la idea de una EPSV para el conjunto de los empleados vascos, que las instituciones estarían dispuestas a impulsar. El diputado de Economía, Pedro Azpiazu, confirmó que se lleva tiempo trabajando el asunto, y el portavoz del Gobierno de Gasteiz, Josu Erkoreka, adelantó que pronto tendrían un diseño para el conjunto de los trabajadores. Por último, el diputado de Hacienda de Araba, José Luis Cimiano, reconoció que están preparando modificaciones en el IRPF para incentivar la suscripción de EPSV. En el Impuesto sobre Sociedades se limitarían a alguna cuestión técnica.

Las EPSV son como los conocidos planes de pensiones complementarios, pero regulados, supervisados y controlados por el Gobierno de Lakua. Desde un punto de vista económico estos instrumentos sirven para recoger el ahorro a largo plazo e invertirlo en desarrollo económico del país. En la práctica, la regulación prima tanto la seguridad de la inversión que impide casi cualquier cosa que no sea la compra de deuda pública o de acciones de empresas cotizadas. Es decir, dan poco juego para el impulso de nuevos proyectos.

El Estatuto daba la posibilidad de crear una sistema complementario público, para entendernos una EPSV pública, pero el PNV nunca quiso jugar en esa liga. Una entidad de esas características sería muy productiva para impulsar proyectos públicos, pero exige dedicación y sobre todo evaluar cada año lo que se ha hecho y lo que se ha ganado. Pero eso de rendir cuentas es muy peligroso. Por eso, siempre han preferido simplemente gastar en proyectos como el TAV, de los que esperan no tener que dar cuentas nunca.

El repentino interés por las EPSV parece que responde a las demandas de pensiones dignas que mantienen a los jubilados y pensionistas movilizados. En vez de asegurar una pensión pública suficiente, prefieren jugar al parcheo con las EPSV. El problema es que la gente que a duras penas llega a fin de mes –conviene no olvidar que hay casi tantos trabajadores con empleo buscando otro trabajo que desempleados– difícilmente podrá ahorrar para completar un plan privado, por muchos incentivos fiscales que haya. Otra medida que no beneficiará a los que más necesitan una pensión digna, pero que servirá también para hacer demagogia preelectoral.

Si sobra dinero y de lo que se trata es de mejorar los ingresos de la clase trabajadora, bien podrían centrarse en los impuestos indirectos, especialmente en bajar el IVA. Un reciente estudio de Fedea confirma que, tras el 10% más rico, es el 20% más pobre el grupo que más impuestos paga en relación con lo que gana, por el peso de los indirectos. Es cierto que las haciendas forales no tienen competencia para cambiar el IVA, pero habrá que asumirla en algún momento.