Así lo ha señalado en conferencia de prensa el parlamentario socialista Guzmán Garmendia, quien ha advertido de que su partido no tiene «absolutamente nada» contra Davalor, pero no se explica el «ímpetu y las ganas» con las que el Gobierno de Uxue Barkos decidió entrar en esta empresa pese a los informes técnicos que no lo avalaban.
Garmendia ha sido contundente al apuntar al «despropósito» de la gestión del vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ejemplo a su entender de «la forma de trabajar de este gobierno», que se empeñó en «meter a los navarros en una aventura incierta, pese a que le advertimos de que había que salir por patas», ha dicho sobre los 2,6 millones de euros invertidos por la empresa pública Sodena.
«Se han cometido irregularidades flagrantes», ha subrayado el portavoz, que ha destacado que las cuentas de 2015 de Davalor no se depositaron hasta 2018 en el Registro Mercantil, donde «por algún motivo» todavía no han sido registradas las de 2016 y de 2017, algo «muy grave».
«A pesar de eso, el Gobierno ha seguido apoyando» a esta empresa y ha dado «una patada adelante» con su respaldo continuado a pesar de entrar en concurso de acreedores.
La «arbitrariedad de este gobierno sectario» supone un «agravio comparativo con el resto de empresas», ha dicho para advertir de que hay «muchísimas empresas navarras que están empezando, dejándose la piel y necesitadas del apoyo de Sodena» sin conseguirlo.
Al respecto, ha recordado que una de las primeras decisiones de Manu Ayerdi cuando llegó a la vicepresidencia fue disolver el Consejo de Administración de Sodena y crear uno nuevo «a su imagen y semejanza» que, pese a contar con «grandes profesionales», se le «arrastrado» a tomar «decisiones irregulares» como la de Davalor.
Así, Garmendia ha sido muy crítico con la directora de Sodena, Pilar Irigoien, con la que «se han perdido tres años de inversión en empresas disruptivas» y con la que «los criterios técnicos se están convirtiendo en criterios políticos», ha dicho el socialista, quien ha conminado a esta empresa pública a «cambiar de actitud».
También ha mostrado su «solidaridad» con los alrededor de 40 trabajadores de Davalor, empresa dedicada a fabricar maquinaria para la exploración, diagnóstico y terapia ocular, y ha advertido de que, además del apoyo económico público, su arranque fue posible gracias al micromecenazgo.
Así, podría haber unos 1.500 accionistas ahora afectados por el concurso de acreedores que «perfectamente» podrían ir a los tribunales.
Con todo ello, Garmendia ha asegurado que la de Davalor «ha sido un espejo de la gestión del gobierno de Barkos», caracterizado por la «parcialidad, el oscurantismo y la altanería», ha zanjado como argumento para apoyar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.
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