La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido llevar a los tribunales las normativas urbanísticas sobre viviendas turísticas aprobadas recientemente por los ayuntamientos de Bilbo y Donostia –y también Madrid–, argumentando que son contrarias a la competencia y que perjudican a los consumidores. Este anuncio agrava el panorama de inseguridad sobre un desarrollo turístico que, con más o menos énfasis, en Euskal Herria desde EH Bildu hasta el PP creen necesario regular en estas ciudades.

La irrupción del CNMC resultó ayer noticia de impacto, pero en realidad ya se venía anunciando. La propia Comisión subraya en la nota en que dio cuenta de los recursos que antes había enviado requerimientos a los ayuntamientos afectados para que justificaran las restricciones impuestas o incluso anularan los requisitos exigidos, pero dice no haber recibido respuesta satisfactoria.

Por ello, lleva al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las regulaciones de Donostia (vía ordenanza aprobada en marzo pasado) y de Bilbo (canalizada mediante modificación del Plan General de Ordenación Urbana).

En opinión del llamado «superregulador», las medidas que se han implantado en las tres ciudades señaladas tienen efectos restrictivos sobre la competencia al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los ya instalados. Sostiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que este hecho elevará los precios y reducirá la calidad, la inversión y la innovación. Precisamente uno de los argumentos con que se están implantando estas regulaciones era el contrario: evitar que los alquileres para vivienda habitual continúen encareciéndose (en puntos como el centro de Donostia hasta extremos inaccesibles) debido al atractivo que conlleva destinarlos a usos turísticos.

Las normativas de Bilbo y Donostia solamente permiten utilizar como viviendas turísticas los inmuebles situados en plantas bajas o primeras, salvo que tengan acceso independiente a la calle. En el caso de la capital guipuzcoana, además, la norma prohíbe nuevas viviendas turísticas en una zona concreta: la Parte Vieja.

La CNMC no actúa sin embargo, al menos por el momento, contra ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca que han puesto en marcha sistemas de regulación aparentemente más restrictivos. La capital catalana fue pionera en intentar poner coto a la proliferación de pisos turísticos, en marzo del pasado año. En Madrid las medidas se aprobaron a inicios de 2018.

Donostia defiende su facultad

La respuesta en Donostia no se hizo esperar, aunque el alcalde, Eneko Goia (PNV), se centró más en la cuestión formal de la competencia sobre el asunto que en el fondo del desarrollo turístico. Remarcó que «este ayuntamiento lo que va a defender siempre es la facultad que tiene de regular los usos del suelo en base a la competencia urbanística», apostillando que «es una de las principales cuestiones que afecta a todos los municipios porque es un instrumento fundamental para poder articular la convivencia entre ciudadanos. Ese es el bien supremo que tiene que ser preservado y con la regulación se pretendió y consiguió».

Goia explicó que tampoco podía entrar en más pormenores al no conocer la integridad del recurso. Pero sí avanzó que, por lo que saben, la CNMC realiza «una lectura» de la ordenanza que en el Consistorio «no compartimos en absoluto. Creo que lo único que hace es dar alas al libre mercado sin tener en consideración ningún otro principio ni valor».

Su teniente de alcalde, Ernesto Gasco (PSE), añadió que la regulación es «correcta y adecuada», y confió en que así se podrá demostrar en los tribunales cuando se aborde este recurso de la CNMC.

Aportó además el dato de que desde la aprobación de la ordenanza en marzo se ha procedido a clausurar un total de 105 apartamentos.

Bilbo destaca la unanimidad

En cuanto al Ayuntamiento de Bilbo, sus responsables declinararon realizar valoraciones pero sí pusieron de manifiesto que el pasado 31 de mayo el Pleno rechazó por unanimidad el requerimiento previo de la CNMC.

Este consenso fue evidenciado por las declaraciones del concejal del PP Oscar Fernández Monroy marcando distancias respecto al recurso. Consideró que «respetando la libre competencia, tiene que haber una regulación» ante esta «proliferación» de pisos turísticos que «preocupa a muchos vecinos en muchos barrios de Bilbo». Como Goia en Donostia, Fernández Monroy en Bilbo aludió a la necesidad de preservar la convivencia y aseguró que el boom turístico está creando «un problema» a este respecto.

«Nos parece bien que haya una oferta turística cada vez más pujante, pero tiene que haber una cierta regulación y equilibrio entre libre competencia, garantizando que haya orden en las comunidades de vecinos y cierta tranquilidad, porque tienen derecho a que no se vea perturbado su descanso y la normalidad en sus viviendas», añadió el edil del PP.

Madrid: «Conciliación»

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Madrid, fuentes del Gobierno de Manuela Carmena dejaron claro que defenderán en los tribunales su limitación a los alquileres turísticos. Indicaron que el turismo es una actividad importante en la capital española y que su objetivo «es protegerlo al mismo tiempo que se concilia con los derechos de los ciudadanos dentro de los barrios, como es el propio derecho a la vivienda evitando procesos que la encarecen».

Madrid rechaza el argumento troncal del recurso: «Nuestra regulación favorece la competencia en un sector en que hay también hoteles y hostales».