![Reivindicación por la libertad de los presos enfermos, durante una manifestación en Gasteiz. (Jaizki FONTANEDA/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/530/449/article_main_landscape/presoak.jpg)
En un comunicado, Osabideak ha señalado que «en torno al anuncio del Gobierno de España de su disponibilidad a acercar a presos vascos actualmente alejados de su entorno social y familiar, se ha puntualizado que aquellos que sufren enfermedades serán quienes primero se acogerán a este derecho».
La asociación lamenta que «en periódicos, radios y televisiones se han filtrado nombres de estos presos –se habló en concreto del caso de Kepa Arronategi–, los delitos por los que fueran condenados, así como información de índole privada sobre las enfermedades, dolencias, síntomas, discapacidades o riesgos que padecen».
En este sentido, constatan la «violación del derecho a la intimidad y al secreto médico». «Esto supone –detallan– una grave infracción de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como una vulneración de los más básicos derechos de intimidad y honor de la persona».
Desde Osabideak indican que si el origen de la filtración proviene del ámbito asistencial sanitario penitenciario, «constituye una infracción legal y deontólogica grave». Pero si proviene de administraciones públicas es, además, «una vulneración grave de derechos humanos de estas personas».
La asociación explica que «hay presos que han renunciado voluntariamente a su derecho a la intimidad y confidencialidad haciendo públicas sus graves dolencias, entendiendo que así se facilitaba que la opinión pública conociese y se posicionase ante la vulneración de sus derechos sanitarios y penitenciarios». Agrega que, sin embargo, otros presos «han querido mantener en la intimidad» sus dolencias y ha subrayado que «es preciso respetar esta decisión».
«Derecho prioritario»
«La ley contempla –afirma Osabideak– la excarcelación por padecimientos de enfermedades graves e incurables. Debemos esperar la aplicación inmediata de dicha medida a todo aquel que cumple criterios médicos y legales. Traerlos a cárceles de su entorno social y familiar es, además de una medida humanitaria básica, un derecho prioritario».
Informan asimismo que se pondrán en contacto con la oficina del Ararteko, colegios profesionales de médicos o instituciones de derechos humanos para que se respete el derecho a la confidencialidad de todos los enfermos.
«Debemos realizar una reflexión sobre el tratamiento social y mediático irrespetuoso de estos datos, preservando los derechos al honor y la intimidad de las personas presas con enfermedades graves e incurables. Invitamos a la sociedad al enfoque responsable, avanzado, maduro, constructivo pero a su vez, crítico con estos tratamientos mediáticos indignos», concluyen.
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