El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado por el Consejo de Ministerios el pasado mes de julio y por el que se establece que todas las personas que residen en el Estado, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas en el sistema sanitario, y ha aprobado tramitarlo como ley por el procedimiento de urgencia.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han manifestado su apoyo a la convalidación del decreto, así como que se tramite como proyecto de ley, aunque los votos han diferido en ambos casos.

La convalidación de la norma ha contado con 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones; la propuesta de tramitarla por la vía de urgencia como un proyecto de ley ha sido respaldada con 336 votos, ninguno en contra y solo una abstención.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha defendido en la Cámara Baja la urgencia que había para utilizar la fórmula del real decreto-ley, la misma que usó el anterior Gobierno del PP en su reforma sanitaria, que dejó sin tarjeta sanitaria a los migrantes sin papeles, que ahora queda parcialmente derogada. 

La norma, según Montón, representa un «auténtico» cambio de modelo en la asistencia sanitaria en el Estado, ya que la titularidad del derecho a la salud se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la de asegurado o beneficiario.

«Para el anterior Gobierno era urgente recortar derechos; para el Gobierno actual, es urgente recuperarlos», ha afirmado.

La norma reconoce al Ministerio de Sanidad las competencias del reconocimiento a la asistencia sanitaria, en tanto que las comunidades autonómicas serán las encargadas de tramitar las solicitudes y expedir las tarjetas sanitarias que acrediten a los migrantes sin papeles como residentes para poder recibir la prestación asistencial.

Para ello, el Ministerio ya ha enviado a las comunidades una propuesta de instrucción para la ejecución de la norma, y estas ya han planteado sus aportaciones, como que la asistencia será gratuita en el periodo que hay entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria. 

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional tumbó en febrero la ley que garantizaba la sanidad universal en Nafarroa, e hizo lo propio en diciembre de 2017 con la normativa aprobada por el Parlamento de Gasteiz por la que se garantizaba la asistencia a las personas sin papeles en Osakidetza.