El PP ha presentado varias enmiendas al proyecto de norma sobre conflicto de intereses e incompatibilidades para cargos forales que tramitan actualmente las Juntas Generales de Bizkaia, según ha informado el portavoz en Juntas, Javier Ruiz.

Según ha afirmado, con el fin de garantizar la «imparcialidad» y «despolitizar» las mesas de contratación y los tribunales para la selección de empleados públicos, el PP propone que los altos cargos y responsables públicos actuales o antiguos, así como quienes hayan concurrido en una lista electoral o hayan tenido puestos relevantes en una organización política no podrán ser miembros de esos órganos.

En otra enmienda, de las 19 que ha presentado el PP a dicho proyecto, este partido plantea que los ex cargos públicos forales que participen en una empresa tengan un «límite» a la hora de formalizar contratos con la Administración foral, con el objetivo de evitar situaciones de «clientelismo político».

El PP quiere que, trascurridos dos años desde su cese, quienes hayan ocupado cargos públicos forales y participen de sociedades o empresas no puedan firmar contratos o convenios con la Administración foral que supongan más de un 30 % del volumen de facturación de la empresa.

Críticas al PNV

Javier Ruiz ha señalado que, con estas y otras medidas, el PP pretende evitar casos como el de la empresa Residencias Nostem, a la que en 2006 se adjudicó un contrato foral por importe de 300 millones euros para construir dos centros de día y dos residencias en Bizkaia, y en la que tenían presencia varios excargos del PNV.

Este caso, según el portavoz del PP en las Juntas vizcaínas, es un ejemplo de un «vicio político desmesurado» y «va más allá del clientelismo político».

En otra enmienda, referida a la recepción de regalos o dádivas por parte de los cargos públicos forales, el PP propone que solo se puedan aceptar los que se consideren de «cortesía habitual», entendidos como aquellos que no sobrepasen un importe de 50 euros.

En cuanto a los viajes, desplazamientos y gastos de representación, el PP pide que se aplique un criterio de «racionalización del gasto público» y que en los viajes no haya personas cuya presencia no esté justificada en razón de su cargo, «para evitar -ha destacado Javi Ruiz- lo que ocurrió en el viaje a Estados Unidos, que se gastaron 400.000 euros en una semana y en el que Unai Rementeria (diputado general) fue acompañado por un séquito cuya presencia no procedía».

El PP ha pedido que todos los años se elabore una memoria detallada, desglosada por conceptos, para conocer a qué se destinan los gastos de representación.

Sobre los vehículos oficiales de los cargos forales, el PP pretende que su uso se limite «únicamente a laborales institucionales, y no para acudir a actos de partido, como tenemos constancia de que se está produciendo», ha añadido Ruiz.