Laparra ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de UPN, a raíz del recurso de alzada interpuesto por los Centros Especiales de Empleo  y el Cermin a la convocatoria de ayudas a las unidades de apoyo a la actividad profesional de los CEE al considerarla «contraria a derecho y perjudicial para sus intereses». La parlamentaria regionalista Maribel García Malo ha acusado a Laparra de poner a estas entidades «en una peor situación».

El consejero ha negado estas afirmaciones y ha asegurado que los CEE «han mejorado significativamente» y «cuentan con el apoyo decidido del Gobierno de Navarra». Así, ha destacado que los CEE han experimentado un «cambio de tendencia muy significativo» con un aumento de sus trabajadores de 1.345 en 2014 a más de 1.600 en 2018, un incremento de un 23% en sus usuarios así como en su presupuesto, pasando de 7,2 millones en 2015 a una previsión de más de 10 millones en el presente año. «No parece que estén peor sino que van a más y están recibiendo más ayuda pública que en el periodo anterior», ha remarcado.

Respecto a las unidades de apoyo, ha señalado que han pasado de recibir 900.000 euros en 2014 a una previsión de un millón en 2018. Asimismo, las contrataciones indefinidas han pasado de 48 en 2015 a 94 en 2017 y una previsión de 110 en 2018.

Centrándose en la convocatoria de ayudas a las unidades de apoyo al empleo, Laparra ha explicado que está destinada a «atender a personas con discapacidad que tienen especiales dificultades de inserción laboral». «Se trata de superar barreras, prever la incorporación a un trabajo y lograr la permanencia en el CEE por parte de los trabajadores», ha agregado.

Entre los detalles de la convocatoria, ha resaltado la introducción del requisito de un grado de discapacidad mínimo de 33% en caso de personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual;del 65% en caso de discapacidad física o sensorial;y de entre el 33 y el 65% en caso de discapacidades mixtas. Un elemento «que se introducía no como novedoso sino que recogía la practica previa existente» y que «suponía un elemento de mayor seguridad jurídica», ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que los gastos subvencionables se destinan a financiar la actividad derivada de la contratación indefinida en las unidades de apoyo con una cuantía de 1.200 euros anuales que se reduce en función de la jornada en el supuesto de contrato parcial o en función del tiempo efectivamente trabajado.

Laparra ha afirmado que la convocatoria de ayudas «presenta importantes mejoras que ayudarán a mejorar e incrementarán la financiación de las unidades de apoyo». Así, ha destacado la posibilidad de imputar parcialmente los técnicos a la labor de apoyo, lo que «puede permitir una mejor gestión por parte de los CEE y la adecuación de los recursos con mayor flexibilidad».

Ha resaltado, además, que se cambia el procedimiento de justificación, de forma que «cada trimestre se solicita la concesión y abono de la subvención de acuerdo con la plantilla real del centro». «Antes era una cuantía en base al año anterior de manera que si el centro aumentaba la plantilla no era posible aumentar la subvención», ha señalado.

Por otro lado, ha remarcado que la convocatoria ha supuesto una «simplificación de los procedimientos técnicos» y «se aclaran algunos términos de la convocatoria anterior que producían dificultades de gestión de la convocatoria e inseguridad en los CEE beneficiarios».

«Solución razonable»

En referencia al recurso presentado por los CEE y CERMIN, Laparra ha afirmado que se ha llevado a cabo «una solución razonable» del recurso y ha esperado que para la próxima convocatoria se pueda llegar a una «solución de consenso».

Ha explicado que uno de los puntos recurridos y que finalmente fueron aceptados fue el informe de adecuación del puesto de trabajo. Una petición, ha indicado, que «no era nada extraordinaria» ya que también «se establece para la contratación de personas con discapacidad en centros de empelo protegido o en el acceso la Función Pública».

Sin embargo, ha explicado que se ha admitido esta alegación porque la entidad «era la mas interesada en que los técnicos que contrate se adecuen al puesto de trabajo» y porque «hay otras formas de acreditar el correcto desempeño del ejercicio de las funciones a trabes de titulación, experiencia, etc.».

Otro de los puntos recurrido se refería al grado mínimo de discapacidad establecido para los destinatario finales. Laparra ha resaltado que «no es nada nuevo, esto se venía haciendo sistemáticamente de siempre y en principio no va a tener ninguna implicación para los usuarios ni los CEE». El consejero ha afirmado que esta cuestión «se ha aclarado con las entidades, creo que lo han entendido y por tanto no parece que tenga mayor dificultad».

Para UPN, los cambios introducidos en este ámbito suponen «recortes» con respecto a la anterior convocatoria de ayudas, ha afirmado Isabel García Malo, que también ha criticado la «rigidez» de algunas de las medidas incorporadas ahora.

La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aramburu, ha destacado por el contrario que «no hay recortes sino incrementos», por lo que «cuatro dificultades» en una convocatoria que «están perfectamente solventadas» no pueden «empañar» la labor del Gobierno.

Asun Fernández de Garaialde, de EH Bildu, ha valorado la labor de estos CEE y apuntado que las diferencias parecen resueltas, aunque sí que ha pedido que se supere el «bloqueo» de una ayuda de 2015.

Por Podemos, Mikel Buil, ha apoyado el «control y seguimiento» de los personas con discapacidad para evitar que falle la adecuación al puesto de trabajo y ha defendido un mayor pago a las unidades de apoyo para evitar situaciones «límite» para no perder financiación.

Nuria Medina, del PSN, ha reconocido que han aumentado los fondos para los CEE pero, «a partir de ahí, todo han sido trabas, con modificaciones arbitrarias de las convocatorias, algunas no ajustadas a derecho, y con falta de transparencia».

«Todo lo han destrozado, es mejor que no toque nada», ha comentado Ana Beltran, del PP, que ha recordado que «a los que prometió proteger y cuidar son los que más se le vuelven en contra» por cambios que no aportan «nada».

«Ustedes no quieren que las cosas cambien porque el suyo es un modelo de caridad y asistencialismo», ha apuntado a UPN y PP José Miguel Nuin, de I-E, quien ha puesto en valor las políticas para el empleo de personas con discapacidad y el aumento de fondos.