Un tribunal egipcio ha confirmado 75 condenas a muerte, 47 a perpetuidad y 612 condenas entre 5 y 25 años tras un juicio en masa que juzgó a cientos de personas que participaron en el año 2013 en las protestas de las plazas de Rabaa y al-Nahda que siguieron al golpe de Estado del mariscal Abdel Fatah al-Sisi que destituyó al primer presidente electo de la historia de Egipto, Mohamed Morsi.

Entre los condenados a muerte se encuentra varios líderes de los Hermanos Musulmanes a los que pertenecía Morsi y a los que el mariscal Al-Sisi ha jurado «borrar del mapa», entre ellos Essan el-Erian y Mohamed Beltagi. No obstante, el máximo líder espiritual de la hermandad musulmana, la organización política egipcia más popular de la época, Mohamed Badie, ha sido condenado a perpetuidad.

«Humillante show»

El mismo tribunal militar también confirmó la condena de 5 años al premiado fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, también conocido como Shawkan, que fue apresado mientras tomaba fotos de la represión a sangre y fuego de los campamentos de protesta. Al haber superado ya en cautividad el tiempo de su condena, se espera su libertad en los próximas días.

Todos los que ayer vieron su condena confirmada estaban acusados de «delitos contra la seguridad del Estado», «incitación a la violencia» y «organización de protestas ilegales». Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la propia ONU han criticado estos juicios marciales y el «humillante show» de mostrar a los acusados en jaulas como si se trataran de fieras. Todos coinciden en señalarlos como juicios «políticamente motivados» que tienen como finalidad dar una cobertura legal al golpe de Estado. Además, consideran que las acusaciones están sustentadas en testigos no fidedignos y en escasas evidencias.

Con todo, la ratificación de las condenas en los juicios en masa de manifestantes contra el golpe de Estado y líderes de los Hermanos Musulmanes no anticipa la inmediata ejecución de los condenados. En Egipto, todas las sentencias a muerte deben ser remitidas al gran mufti, la máxima autoridad religiosa del país. E incluso en el caso de que éste las aprobara, las condenas todavía estarían sujetas a la posibilidad de recurso.

Doble vara de medir

Sin ir más lejos, en esa misma situación se encuentra Morsi, el depuesto presidente de la República. Encarcelado en una prisión de máxima seguridad cercana a la costera ciudad de Alexandria, ha sido sentenciado a muerte varias veces por acusaciones que van desde la conspiración con organizaciones extranjeras, la organización de fugas masivas de prisioneros islamistas de las cárceles de Mubarak, el lavado de dinero o haber insultado a las instituciones públicas del país. Varios recursos en casación han ido atrasando la ejecución de las sentencias y su futuro pende de la voluntad de Al-Sisi que ha hecho de los Hermanos Musulmanes su villano particular y favorito.

Mientras tanto, al exdictador Hosni Mubarak, que conspiró para matar a cientos de manifestantes durante las protestas de 2011, en la conocida como Primavera Árabe, se le han ido retirando todos los cargos y reside a sus 90 años en una lujosa instalación militar.

Una de las «mayores matanzas de manifestantes del mundo»

Cuando el 3 de julio de 2013 el Ejército egipcio anunció la destitución del presidente de la República, Mohamed Morsi, miles de personas se reunieron en las plazas de Rabaa y al Nahda, dos de los puntos más vitales de la capital, El Cairo. Las protestas se convirtieron en una acampada permanente de resistencia al golpe militar.

Cerca de 100.000 personas acudieron a las concentraciones. Dormían, comían, rezaban y vivían en las plazas con la esperanza de ver la restitución de Morsi. Pero, muy al contrario, el gobierno militar ordenó el 14 de agosto la dispersión de las protestas y con blindados, bulldozers y miles de policías y paramilitares mataron en las plazas a más de 1.000 manifestantes.

Según Human Rights Watch, fue «una de las matanzas del mundo más grandes de manifestantes en un solo día», y la calificó como «crimen contra la humanidad». Todo quedó impune al aprobar al-Sisi un decreto que eximía de responsabilidad penal a los agentes que participaron en aquel baño de sangre.GARA