«La crisis del Rif ha revelado el carácter no democrático de Marruecos»
Abdelkhalik Bentouhami (Alhucemas, 1975) vive en Euskal Herria desde 2006, pero eso no le ha alejado de su pueblo, el rifeño, cuyas reivindicaciones defiende desde aquí. Un activista más, ha comparecido en el Parlamento de Gasteiz para explicar la situación de vulneración de derechos humanos en el Rif y ha impulsado el debate y aprobación de declaraciones de apoyo en distintas instituciones.
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El rey de Marruecos acaba de indultar a más de un centenar de activistas rifeños. ¿Responde eso a algún tipo de diálogo entre las partes?
Indultó a 184 de los activistas rifeños encarcelados, pero no puso en libertad a los líderes que integraban el núcleo duro del movimiento popular. Los presos políticos rechazaron solicitar el indulto porque implicaba reconocer su culpa. Solo fueron indultados los condenados a penas menores a tres años de cárcel, algunos a punto de cumplir la condena. No hay diálogo entre las partes. Las demandas son claras: el Estado tiene que atender las demandas legítimas del pueblo rifeño, demandas puramente sociales, económicas, culturales y democráticas, derechos que la propia Constitución marroquí garantiza. Y debe poner de inmediato en libertad a todos los presos políticos.
¿Cómo valora las duras condenas a los líderes del Hirak?
Son un mensaje claro al pueblo rifeño en el sentido de que Marruecos sigue siendo un Estado policial y también para humillar al pueblo rifeño. Por otro lado, ha demostrado que la Justicia marroquí vive una crisis de confianza.
Las declaraciones de culpabilidad y las fuertes penas impuestas a 53 activistas del Hirak en Casablanca por manifestarse pacíficamente en favor de la justicia social o por informar en Internet sobre manifestaciones deben ser anuladas debido a la injusta naturaleza de los propios juicios. Nunca deberían haber sido juzgados y deben ser puestos en libertad.
Las presuntas ‘confesiones’ presentadas como prueba deben ser anuladas, ya que los detenidos han denunciado haber sufrido torturas y malos tratos a manos de la Policía y las declaraciones obtenidas bajo coacción deberían ser excluidas de los procedimientos judiciales.
¿Cuántos quedan en prisión y en qué condiciones están?
No hay datos oficiales. Según un informe de esta semana del Ministerio de Exteriores de Países Bajos, fueros detenidos más de 800 activistas y más de 400 han sido condenados, 53 de ellos a penas de entre uno y veinte años de prisión por el Tribunal de Apelación de Casablanca. Según organizaciones de derechos humanos marroquíes, quedan 38 presos de conciencia en la cárcel de Aoukach (Casablanca) y otros 94 dispersados en diferentes prisiones de Marruecos. Algunos llevan más de un año en aislamiento indefinido, sometidos a malos tratos, en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias y, en algunos casos, privados de la posibilidad de poder continuar sus estudios.
El Gobierno marroquí también castiga a sus familiares, que se tienen que trasladar desde Alhucemas a Casablanca para visitarles. Aunque el Tribunal de Alhucemas es competente para juzgar este tipo de delitos, las autoridades marroquíes los derivan al Tribunal de Casablanca, lo que supone una doble condena para sus familiares.
¿Qué opina de la decisión de Nasser Zafzafi de realizar una huelga de hambre y sed hasta las últimas consecuencias? ¿Confía en un cambio de actitud del Gobierno de Rabat?
La huelga de hambre es un derecho y la única arma que tiene para defenderse y luchar por sus derechos como preso político, que están siendo violados diariamente, y para protestar por las malas condiciones de reclusión. Nasser Zafzafi ha estado más de un año en aislamiento. Hace tres días, gracias a la huelga de hambre, las autoridades penitenciarias se vieron obligadas a atender algunos de sus derechos.
¿La represión de las protestas y la militarización del Rif han puesto fin a la revuelta o esta continúa?
No han puesto fin al movimiento popular. Hirak sigue vivo y fuerte y se ha extendido a todo el territorio marroquí y a Europa (España, Bélgica, Holanda, Francia...). Sobre todo después del 26 de junio. Las duras condenas de prisión a los activistas detenidos han unido a todo el pueblo marroquí. Se vio en las recientes manifestaciones de Casablanca, el 8 de julio, y de Rabat, el 17 de julio. Miles de personas salieron a la calle para pedir la libertad de los activistas presos por las protestas en el Rif. La provincia de Alhucemas vive en estado de excepción, pero aún así se mantienen las protestas en algunos lugares de la región, como Nador y la ciudad de Alhucemas.
La muerte de Mohssine Fikri fue la gota que colmó el vaso hace casi dos años en una región históricamente discriminada y abandonada por Rabat, que reivindica derechos básicos. ¿Ha cambiado algo esa situación?
El Rif vive actualmente en estado de excepción, sobre todo en Alhucemas y Nador. Una de las principales demandas del movimiento popular es la anulación del real decreto de 1958 que considera la región como zona militar y que a día de hoy no ha sido anulado. No se ve ningún desarrollo económico ni social, solo la represión policial activa en la calles y un aumento del sentimiento de injusticia y marginación, que incrementa el deseo de los jóvenes de emigrar a Europa.
¿El deterioro que ha producido la revuelta rifeña en la imagen de Marruecos puede llevar al Gobierno de Rabat a aflojar la presión sobre la región?
La crisis del Rif ha revelado el carácter no democrático de Marruecos a nivel nacional e internacional. En este sentido, son muy positivas declaraciones como las de los parlamentos vasco, andaluz o de Países Bajos y del Colegio de Abogados de Bizkaia, por ejemplo, exigiendo a Marruecos que busque un solución política al conflicto en el Rif y que active el dialogo con el movimiento popular para estabilizar la situación y subsanar los efectos de las políticas de castigo en la población del Rif. Y también informes como los de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que incluyen a Marruecos en lista de los estados que violan los derechos humanos.
¿Qué responsabilidad tiene el Estado español, como expotencia colonial, en la situación del Rif?
Mi pueblo ha sido castigado duramente por el protectorado español, que utilizó armas químicas contra la población civil durante la guerra del Rif, y después por el Estado marroquí. Las altas tasas de cáncer que sufren los rifeños hoy son consecuencia directa de aquellos bombardeos, según constatan algunos informes. España tiene que asumir su responsabilidad y reconocer el daño causado.
¿Considera que el Estado español y Europa tienen las manos atadas ante Rabat por el hecho de que Marruecos ejerce de Policía de frontera frente a la inmigración?
Creo que el silencio del Estado español y de Europa no durará mucho ante la gravedad de las violaciones de derechos humanos en el Rif. España y Europa, si realmente defienden los derechos humanos, deberían exigir a Marruecos que cumpla los convenios firmados y respete los derechos humanos.
¿Se ha constatado un aumento de la emigración desde el Rif a consecuencia de la represión?
La consecuencia directa del estado de excepción oficialmente no declarado en el Rif y de la represión ha sido un aumento de la emigración de activistas a Europa, donde están pidiendo asilo político. El Estado español, por ejemplo, está admitiendo a trámite y concediendo estatuto de refugiado a los activistas rifeños.
¿Considera que la decisión de restablecer el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres en Marruecos guarda relación con la crisis social del Rif y la de Jerrada, entre otras?
Con esa medida el Estado marroquí pretende alejar a los jóvenes de cualquier distracción política y someter al pueblo que rechaza la actual situación social, económica y política en el país, sobre todo a los jóvenes de Alhucemas y Nador, que lo consideran un castigo.
La represión y el restablecimiento del servicio militar obligatorio están llevando a los jóvenes a emigrar. Muchos lo están haciendo al Estado español, lo que está complicando la crisis migratoria, pero la opinión pública tiene que saber que España tiene una deuda histórica con el pueblo rifeño. Por eso, debe actuar para buscar una solución política a la crisis del Rif, activando el diálogo con el movimiento popular para que se atiendan sus reivindicaciones de mejora de las condiciones socioeconómicas y culturales de la región y así se calmen los ánimos y se avance hacia la estabilidad.
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