Hoy se cumplen diez años de la quiebra del banco de inversiones norteamericano Lehman Brothers. Una fecha en la que generalmente se sitúa el comienzo de la crisis económica actual, aunque sus raíces se extienden hacia atrás en el tiempo, al menos hasta la derogación de la ley Glass-Steagall firmada por Bill Clinton al final de su mandato en 1999. Ese cambio legislativo eliminó la mayoría de los controles sobre la actividad financiera y fue una de las causas del desastre posterior. El fetiche del aniversario permite obviar lo ocurrido antes y, sobre todo, evita la reflexión sobre las decisiones que el poder político tomó para que se llegara a esa situación.

La prensa, a través de sus suplementos de negocios, va dando tono a la historia de los sucesos de hace una década. Como todo buen relato épico, cuenta con malvados, entre los que indudablemente se sitúa Lehman Brothers, el único gran banco que quebró y que es calificado ahora como despiadado. También cuenta con sus héroes, entre los que se encuentran las instituciones que facilitaron la salida de la crisis, salvando a los bancos con ingentes cantidades de dinero, a diferencia de lo ocurrido en la gran crisis del 1929; entre estos sobresale Mario Draghi y su famosa frase «Whatever it takes» («Haremos lo que sea necesario»).

Un relato parcial que olvida lo más importante: auxiliaron a los bancos pero no socorrieron a las personas, a aquellas que perdieron su trabajo, su negocio o fueron desahuciadas de sus casas. Salvaron a los poderosos para dejar a la mayoría de la gente a merced del desastre. Y las huellas de aquellas decisiones antisociales son, cada día que pasa, más elocuentes.

Una de las más llamativas es el crecimiento de la cantidad de personas ricas. A pesar de la crisis y el largo estancamiento posterior, su número ha seguido aumentando hasta la actualidad. No es sencillo poder ofrecer a los lectores unas cifras claras de este aumento en Euskal Herria. El hecho de que haya que utilizar datos de cuatro administraciones tributarias –que además usan diferentes criterios para exponer sus datos, ofrecen solamente datos parciales y publican sus informes con casi dos años de retraso– no ayuda a presentar una exposición clara. En cualquier caso, los pocos datos disponibles resultan bastante significativos.

El año 2014, último ejercicio del que existen datos completos para tres herrialdes, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 7.119 personas declararon un patrimonio superior a los 1,6 millones de euros. En 2007 declararon una riqueza superior a esa cantidad 5.282 personas, esto es, 1.837 menos. Para los amantes de los porcentajes, en ocho años de crisis el número de ricos ha crecido un 35% en la CAV. Conviene señalar que los datos provienen de las declaraciones en el Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de la Riqueza y Grandes Fortunas. Ambos impuestos han modificado las condiciones exigidas para declarar durante el periodo, por lo que estrictamente los datos no son comparables. Así, por ejemplo, en 2007 el mínimo exento eran apenas 200.000 euros, mientras que en 2014 eran ya de 800.000 en Araba y Bizkaia, y 700.000 en Gipuzkoa. La vivienda habitual quedaba exenta hasta 200.000 euros entonces; en 2014 el valor era de 400.000 euros en Araba y Bizkaia, y de 300.000 en Gipuzkoa. En cualquier caso, todas estas subidas de los mínimos exentos debería haber reducido el número de declarantes.

Otro cambio importante se dio en Gipuzkoa, donde el Impuesto de la Riqueza y las Grandes Fortunas también computaba, como parte del patrimonio de las personas, las participaciones que tuvieran en las llamadas empresas familiares, aunque con una bonificación del 75%. En este caso, este cambio sí aumenta el número de ricos al ampliar la base para acercar la riqueza declarada a la real. En Nafarroa, donde solo están disponibles los datos de los años 2013 a 2016, también ha habido varios cambios. Finalmente, en 2016 el mínimo exento quedó establecido en 550.000 euros, la vivienda habitual en 250.000 euros y, como en Gipuzkoa, también introdujeron en el cómputo de la riqueza las participaciones empresariales, dejando el primer millón de euros exento y aplicando una deducción del 80% al resto.

Para observar la evolución de los ricos entre los ricos, aquellos que declaran más de 6,4 millones de euros, únicamente hay disponibles datos homogéneos entre 2011 y 2014. Si en la CAV eran 573 en 2011, en 2014 ya eran 859. Un aumento del 50% en medio del estancamiento generalizado. En este caso, el efecto del Impuesto sobre la Riqueza en Gipuzkoa es mucho más claro: de 145 declaraciones por encima de los 6,4 millones en 2011 a 345 en 2014. O sea, 200 superricos más o un 237%. Además, las cifras dan una muestra clara de que, cuando se habla de riqueza, una parte importante de ella no se toma en consideración; conviene, por tanto, relativizar las cifras de ricos, que generalmente son mayores que las que muestran las estadísticas tributarias porque no se tiene en cuenta el valor de las empresas que poseen directamente.

En Araba también aumentó el número de superricos en 6, esto es un 7%, y en Bizkaia en 80 personas, es decir, un 23% más. Aunque a efectos comparativos los datos no son homogéneos, la tendencia al aumento se observa en los tres herrialdes. Y todo ello sin considerar la posible fuga de contribuyentes a Madrid, donde no se paga el Impuesto sobre Patrimonio, cuestión que fue materia de discusión permanente en un tiempo no tan lejano.

El número de ricos puede aumentar básicamente por dos razones: porque durante ese lapso de tiempo crezca el valor del patrimonio que ya poseían o porque en el periodo considerado los más ricos hayan logrado sumar nuevos activos a su patrimonio. También puede ser el resultado de una combinación de ambos factores. Todo indica que en Euskal Herria la revalorización de los activos no ha sido determinante.

Un somero repaso al principal índice de la bolsa indica cuál ha sido el comportamiento del precio de los activos mobiliarios, las acciones de las principales empresas. El Ibex35 ha perdido un tercio de su valor desde los máximos de 2007 (15.182,3 puntos) hasta fines de 2017 (10.043,9 puntos). Si el comportamiento del índice da cuenta de la caída en la valoración de los principales valores del mercado, la capitalización señala el valor total de todos los activos cotizados. El valor de todas las empresas cotizadas era de 1.384.779 millones en 2007 y de 1.137.418 en 2017. Por lo tanto, este último indicador ha perdido un 20% desde los máximos alcanzados en 2007. En el periodo considerado no ha aumentado ni la valoración de las acciones ni su número, con lo que la revalorización del patrimonio preexistente no parece ser la fuente de este aumento del número de personas ricas.

La revalorización de los bienes inmuebles tampoco parece ser la causa. El metro cuadrado construido no ha recuperado todavía los precios máximos de hace una década. El índice inmobiliario que proporciona Fotocasa muestra una caída de un 6% en los precios de las viviendas en la CAV y de un 4% en Nafarroa desde 2007 hasta agosto de 2018. El patrimonio inmobiliario vale de media entre un 4% y un 6% menos que hace diez años, lo que tampoco explicaría el aumento observado en el número de personas millonarias.

Si los activos mobiliarios no se han revalorizado y los inmobiliarios tampoco, la concentración de la riqueza debe ser consecuencia de la apropiación de una parte cada vez mayor de la riqueza social.

La relación entre el capital y el trabajo se ha inclinado favorablemente a favor del primero. Los sueldos y salarios medios son todavía menores que los de 2008 y el coste por trabajador también, lo que ha permitido a las empresas redondear sus beneficios a costa de los salarios.

Que las empresas obtengan mayores beneficios no es un problema. Sin embargo, que paguen menos impuesto sí lo es porque la sociedad pierde capacidad para redistribuir la riqueza. En la última década, las empresas vascas han pasado de pagar 2.034 millones de euros en el Impuesto sobre Sociedades en 2007 a solamente 1.003 en 2016. Su participación en los ingresos públicos se ha reducido también prácticamente a la mitad: del 14,77% en 2007 al 7,74% en 2016.

A este respecto. Joseph Stiglitz comentaba recientemente en una entrevista a “Le Monde” que la bajada de impuestos a las sociedades ha hecho que «aumente el valor de las empresas en bolsa». En Estados Unidos así ha ocurrido; aquí, sin embargo, es posible que solo haya servido para que sus cotizaciones no perdieran más valor.

Lo que sí ha dejado patente la rebaja fiscal es que las empresas no invierten más por ello. La formación bruta de capital, esto es, la inversión ha sido negativa desde 2009 hasta 2014. En 2017 la inversión bruta rondaba el 23%, mientras una década antes era del 33% del PIB. Sin inversión difícilmente se crearán nuevos puestos de trabajo, ni tampoco más riqueza. La rebaja fiscal ha terminado proporcionando no más inversiones, sino mayores dividendos a los dueños de las empresas, y gracias a ello han continuado acumulando riqueza mientras las personas con menos recursos perdían todo.