Así lo ha manifestado la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, en una comisión parlamentaria, solicitada por EH Bildu, en la que ha valorado la decisión del Tribunal Constitucional español de anular la Ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha y/o funcionarios públicos aprobada la pasada legislatura con los votos a favor de PSN, NaBai, Bildu e I-E.

Tras apuntar que el Parlamento ya ha mostrado «un sentir mayoritario» de acometer los trabajos para una nueva ley que permita atender los derechos a la justicia y reparación de esas víctimas, ha expresado su confianza en que la nueva ley «tenga, al menos, el mismo apoyo que la anterior».

Al respecto ha subrayado el compromiso de su Gobierno de trabajar por el «reconocimiento de todas las víctimas, cada una en su contexto», y de hacerlo con «rigor, sin lecturas sesgadas del pasado, sin ocultar, compensar o justificar la violencia en ningún caso».

En ese contexto ha reconocido que la citada sentencia es «un obstáculo más» en la atención a personas que exigen verdad, reconocimiento y reparación, lo que es «injusto» para las familias. La sentencia «dificulta el trabajo», pero «no impide seguir avanzado», ha afirmado.

La consejera ha relatado que el actual Gobierno de Nafarroa, al poco de tomar posesión, trató de alcanzar un acuerdo que evitase el recurso, defendió la constitucionalidad de la ley y la necesidad de que desde la administración se «diera respuesta a un espacio de impunidad como el que existía y sigue existiendo a tenor de lo sucedido en el reconocimiento y reparación» de un numero de personas que se desconoce por violencia de motivación política.

Tras señalar que en «ningún momento» se cuestionó por parte del Estado la competencia de Nafarroa en esta materia, ha indicado que como no se avanzó en la resolución de las discrepancias se planteó una segunda reunión que no fue convocada y a la que siguió la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional español.

Ollo ha querido dejar claro esta cuestión porque, según ha recordado, recientemente «una ministra dijo en el Congreso que Navarra no se avino a modificar el texto, que Navarra no negoció la ley y no es cierto, se instó a una segunda reunión que en ningún momento se produjo y la respuesta llegó el 5 de enero de 2016 con el recurso de inconstitucional del abogado del Estado», ha aseverado.

Después de una primera suspensión cautelar de toda la ley se levantaron algunos artículos, aunque el 19 de julio de este año la sentencia anuló prácticamente toda la ley, ha señalado Ollo, quien ha apuntado que la ley era una «respuesta a las exigencias de organismos internacionales como las propias Naciones Unidas».

Por eso, ha manifestado que «cabía esperar del Gobierno de España colaboración y no que, una vez más, se parapetara tras la justicia para recurrir una ley que no le gustaba».

En su exposición ha destacado las discrepancias recogidas en cuatro votos particulares de cinco de los doce magistrados, y que, según ha remarcado, «no son menores».

En este sentido ha destacado que cinco magistrados creen, frente a la opinión mayoritaria de la sala, que la ley es «respetuosa» con la reserva de la jurisdicción penal.

Ollo ha incidido en que el fallo tiene aspectos que deben ser considerados como el hecho de que no se cuestiona la constitucionalidad del trabajo en el reconocimiento de estas víctimas o que no niega la existencia de esas víctimas .