En el documento, los firmantes expresan su «absoluta solidaridad con los artistas» al considerar que la petición de cárcel «supone una manifiesta tergiversación de la legislación penal y un nuevo y flagrante atentado contra la libertad de investigación y expresión que son la base del  código deontológico del ejercicio del periodismo documental, y una gravísima restricción de las libertades públicas y democráticas de nuestro país».

Consideran que no pueden entenderse como un delito «investigar con fines de documentación artística el uso que de un espacio público, el ominoso Monumento a los Caídos de Pamplona, hace una organización de tan dudosa cualidad democrática como es La Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, en cuyos estatutos fundacionales, a los que no han renunciado, declara entre sus cometidos el de ‘mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España’, y que continúa celebrando hasta hoy todos los días 19 de cada mes una misa en honor de los militaras golpistas  Mola y Sanjurjo».

Estiman que «bajo ningún supuesto puede ser considerado delito que dos creadores realicen su trabajo de investigación sobre episodios vinculados a la memoria histórica, en el marco del derecho constitucional y la libertad de expresión. Muy por el contrario, es el delito de apología del fascismo y exaltación de la violencia golpista como instrumento de acción política por el que la Fiscalía debería interesarse».

Entienden que «la obligación moral y profesional de Carolina Martínez y Clemente Bernad es, como la de todo intelectual comprometido con la conciencia contemporánea, la de investigar, poner de manifiesto y testimoniar sobre las grietas autoritarias que socavan la sociedad democrática, allí donde aquellas se produzcan, y hacerlo sin ninguna cortapisa en el marco de la legalidad constitucional y amparados por la libertad de expresión e información que protege a cuantos periodistas investigan los delitos de odio, la apología del franquismo o la corrupción económica».

Del mismo modo que «nos resultaría inconcebible que en algún país de Europa se tolerasen exaltaciones fascistas o neonazis en espacios público, o que se persiguiera  a quienes investigan o reflexionan desde su trabajo artístico sobre tal tipo de acciones, consideradas abominables y delictivas por la comunidad internacional, nos resulta legal, política y moralmente inaceptable que el posicionamiento crítico antes hechos semejantes pueda ser considerado a estas alturas de la historia un delito».

Tras destacar su dilatada trayectoria profesional, consideran que «no es admisible que una denuncia proveniente de las más oscuras zonas del fenecido régimen franquista sea tenida en cuenta, lo que  supone una grave afrenta al conjunto de la sociedad democrática».

En todo caso, «la Fiscalía debería entender que criminalizar el trabajo de investigación sobre las víctimas de la pasada dictadura no solo refuerza el discurso de las asociaciones de exaltación franquista sino que propicia peligrosamente el vaciado democrático de las  instituciones del Estado».

Por todo ello, los firmantes del manifiesto «nos unimos solidariamente a Carolina Martínez y Clemente Bernad en la legitimidad de su quehacer, y solicitamos a la Fiscalía que retire la apreciación de delito alguno en lo que no es más que una digna e impostergable tarea humanista: la denuncia en todas sus formas de los actos de miseria moral e indiscriminada violencia contra la población civil que supone cualquier apología del totalitarismo».

La personas interesadas en firmar el manifiesto pueden enviar su adhesión al correo electrónico ciudadanomestre@gmail.com indicando su nombre y apellidos.