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Seis sesiones de juicio han servido para constatar la apática posición de la Fiscalía en el «caso Gaztelueta». Ha sido el broche a la actitud mantenida durante la accidentada instrucción por el Ministerio Público, que llevó a la familia de la víctima a acusarle de actuar «como defensa paralela» en vez de acusación ante unos hechos tan graves. El padre del joven señaló hace más de un año la «relación directa» de la fiscal jefe de Bizkaia con el centro vinculado a Opus Dei.
Desde las primeras preguntas dirigidas a la víctima hace una semana se vislumbró el desinterés del fiscal por sustentar la carga probatoria contra el exprofesor de Gaztelueta, con una toma de declaración más incisiva hacia el joven que a su antiguo tutor a pesar de la gravedad del delito.
Finalizada la fase de prueba, ayer en la presentación de las conclusiones, el Ministerio Público mantuvo que hay razones para condenar a J.M.M.S. por abusos sexuales continuados, que centra en los diversos tocamientos que sufrió el niño en el despacho de su preceptor. «Hay un plan preconcebido por parte del acusado tendente al abuso sexual o a satisfacer su fin libidinoso», defendió.
Por contra, no ve acreditado que la víctima sufriera una penetración anal con un bolígrafo o que le obligase a masturbarse como expuso en su denuncia al ser mayor de edad. No da credibilidad a la totalidad del testimonio del joven, al no sostener desde 2011 a 2015 que padeciese esas agresiones, al contrario que sucede con las caricias y tocamientos, con lo que entiende que no hay una «declaración persistente y sin contradicciones» en los episodios relatados.
En la quinta sesión, las forenses que trataron a la víctima por requerimiento del Juzgado de Getxo expusieron que detectaron que el chaval oponía «resistencia para abordar los últimos hechos que considera que son los más traumáticos», en referencia a la masturbación forzada. Siquiatras del Instituto Vasco de Medicina Legal y sicólogas de la Unidad de Valoración Forense Integral manifestaron que las declaraciones del joven «contienen criterios propios de realidad que tienen elementos compatibles con situaciones experimentadas personalmente frente a otras que han podido ser producto de la imaginación o elaboración propia».
A la hora de calificar los hechos, el fiscal Alejandro Torán mantuvo ayer su petición inicial de 3 años de cárcel por abusos sexuales «continuados» a pesar de que no da por acreditado los episodios de la masturbación y la penetración anal. La novedad, avanzada la víspera, es que, además de la aplicación del Código Penal vigente en el momento de los hechos (2008-2009), introdujo una petición alternativa, fundamentada en la actual legislación, que rebajaría la pena a 20 meses de prisión, con lo que el numerario del Opus Dei evitaría en ese caso ser encarcelado. Asimismo, no considera que el colegio Gaztelueta sea responsable civil subsidiario, quedando abierta la posibilidad a que la familia de la víctima inicie otro proceso para demandarle en caso de condena.
«Irracional» creer solo parte
La acusación particular que ejerce la familia mantuvo su solicitud de 10 años de prisión, que se eleva a 14 años si se incluyen las agravantes de abuso de superioridad y el de confianza, las que el Ministerio Público defiende que ya están incluidos. La letrada entiende que es «irracional» creer una parte del relato y no todo, como hace la Fiscalía.
«Está claro que no lo cuenta todo desde el principio. Cuenta lo que puede en cada momento porque lo que contaba, bastante dolor ya le suponía. A día de hoy –añadió la abogada Leticia de la Hoz–, le cuesta contar absolutamente todo». Dijo comprender que a la víctima «le dé pudor» hablar de episodios como los de la penetración anal o la masturbación forzada.
Criticó que se pretenda que una víctima de abusos sexuales cuente todos los hechos «cuando a nosotros nos gustaría». «Ojalá lo hubiera podido contar antes», enfatizó la representante de la acusación particular, que suplicó al tribunal que «haga justicia».
La abogada opinó que el acusado «sabía a quién estaba cogiendo» y eligió «a un niño débil», al que fue «minando poco a poco». «El daño que se le ha hecho a este niño en la edad fundamental del desarrollo, de tener sus acercamientos al sexo sano, ¿hay forma de compensar eso?», expuso De la Hoz.
La defensa de J.M.M.S., que reclamó la absolución, aseguró que hay «muchos elementos que permiten dudar» del testimonio de la víctima, de quien dijo que sufre «alucinaciones y delirios». «No discuto que él lo vive como cierto», comentó Eduardo Ruiz de Erenchun, en su alegato final.
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