![Las hijas de Cáceres Laura y Berta Zuñiga, a la derecha y en el centro, respectivamente, en una protesta frente al tribunal. (Orlando SIERRA/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/542/966/article_main_landscape/caceres-zuniga.jpg)
La portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Lucía Villars, ha informado de la noticia del juicio y anunció que ya han sido convocadas todas las partes.
El juicio debió haber comenzado el pasado 10 de setiembre, pero días antes se informó de su aplazamiento para el 17 de ese mismo mes porque «la proposición de pruebas se alargó unos días más».
El lunes 17 de setiembre se suspendió por la presentación de cinco recursos de amparo y una recusación contra tribunal de sentencia, mientras que el pasado día 15 de octubre fue nuevamente suspendido porque la acusación particular, la familia de Berta Cáceres, insistió en la recusación.
La ambientalista murió tiroteada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
Los imputados por estos hechos son Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (DESA,) a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.
Todos son acusados por el Ministerio Público por el «asesinato en perjuicio» de Cáceres y «asesinato en su grado de ejecución de tentativa» del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.
La ambientalista hondureña, una maestra de 43 años ganadora del prestigioso premio ambiental Goldman, se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
La muerte de Berta Cáceres, según un informe divulgado en octubre de 2017, fue ordenada por ejecutivos de la empresa hondureña DESA –cuyo presidente ejecutivo, Roberto David Castillo, está detenido desde marzo como presunto autor intelectual del crimen– en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.
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