Entre otros argumentos, ha explicado en conferencia de prensa la consejera portavoz, María Solana, el Gobierno considera que la autonomía foral en esta materia ha permitido que en Nafarroa estas prestaciones estuvieran exentas hasta el año 2012.

A partir de entonces, se eliminó expresamente la exención, por lo que la ley en vigor impide la devolución de dichas exenciones, ha comentado Solana, quien ha calificado la propuesta del PP de «regresiva y discriminatoria».

La proposición del PP fundamenta en su exposición de motivos la doctrina del Tribunal Supremo español y agravios comparativos con el resto del Estado como argumentos justificativos.

No obstante, el Gobierno de Nafarroa entiende que la sentencia del Supremo a la que alude la proposición únicamente ha incardinado la prestación por maternidad en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la ley estatal del IRPF, por lo que la doctrina del tribunal se circunscribe exclusivamente a los dispuesto en esa norma estatal.

Por otra parte, la Hacienda Tributaria de Nafarroa pone de manifiesto ciertas consideraciones a la proposición y destaca que, dada la estructura actual del IRPF, la aplicación de una exención a un rendimiento que deba integrarse en la base liquidable general puede generar «importantes efectos regresivos» en la tributación.

Así, cuanto mayores sean las «restantes rentas» del sujeto pasivo, mayor será la rebaja impositiva que obtenga con motivo de la exención y además, ese incremento de la «desimposición» será progresivamente mayor cuanto mayores sean las aludidas «restantes rentas» del sujeto pasivo.

Por otra parte, agrega, cuanto mayor sea el sueldo por rendimientos del trabajo de la persona perceptora de la prestación pública mayor será la prestación por maternidad y, consecuentemente, mayor será la rebaja impositiva que obtenga el sujeto pasivo; además, ese incremento de la desimposición también será progresivo.

Esto es así, explica el Gobierno de Nafarroa, porque la prestación por maternidad se calcula en función del sueldo de la persona preceptora, esto es, la prestación pública es un subsidio equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente.

Hacienda añade que la proposición únicamente tiene como alcance a las prestaciones por maternidad, obviando las prestaciones por paternidad, y tampoco puntualiza si afecta a las prestaciones que sean rendimientos de trabajo o también a las perceptoras de rendimientos de actividades profesionales o empresariales a quienes se estaría discriminando.

Acerca de la reunión que un grupo de madres que solicita la devolución del IRPF de años anteriores mantuvo ayer con la presidenta Uxue Barkos, la consejera portavoz ha declarado que el Gobierno de Nafarroa no comparte la interpretación que este colectivo hizo de las afirmaciones de la presidenta.

En ese sentido, ha indicado que Barkos «en ningún caso les instó a ir al Parlamento ni a los tribunales», sino que se limitó a responder que solo con otra ley con carácter retroactivo se podría proceder a la devolución del IRPF.

Solana ha subrayado que afirmar que la presidenta les remitió a los tribunales sería «faltar a la verdad» y ha aseverado que «se trata sobre todo de no engañar a nadie».