Iker Urbina y Haizea Ziluaga no ocultaban a mediodía de ayer en rueda de prensa su «sorpresa», unida a malestar, por el fallo europeo conocido a las 10.00. Pero desde el otro extremo la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, también admitía que «me he llevado una sorpresa», en este caso «grata». Contradiciendo todas las filtraciones de las últimas semanas, los siete jueces que analizaron el asunto decidieron de modo unánime en contra de los dos puntos sustanciales de los recursos de Santi Arrozpide, Alberto Plazaola y Francisco Mujika, a los que dieron la razón solamente en la cuestión técnica del recurso al Tribunal Constitucional.

El varapalo es duro porque no anula una argucia legal que alarga cientos de años en total las condenas a más de 50 presos vascos (69 según la AVT). Son personas que primero han cumplido o cumplen condena en el Estado francés y luego están ya o serán encarcelados en el español por las mismas acusaciones, sin el descuento que les correspondería según la directriz europea de 2008. Un criterio que Madrid no trasladó a su legislación hasta el último minuto posible, ya en 2014; que coló mediante una enmienda introducida por la mayoría del PP en el Senado ya sin reversión posible y en pleno agosto; y sobre todo que vació por completo la directriz europea, con la inequívoca intención de estirar el encarcelamiento de los presos vascos.

Pero resulta más que llamativo el párrafo 124 de esta sentencia. Hay que llegar hasta ahí para apreciar una cuestión que pasó desapercibida en un primer momento y que puede tener trascendencia. «El Tribunal observa que no es una tarea determinar cuál fue la interpretación correcta de la legislación interna [española] sobre la acumulación de condenas cumplidas en otro Estado miembro de la UE o emitir un juicio sobre si el Tribunal Supremo ha aplicado correctamente la decisión marco 2008/675», se lee. En otras palabras, la sentencia no corrige la argucia legal del PP, raíz del problema, pero es que ni siquiera entra a valorarla.

La UE sopesó sanciones

Cabe recordar que durante este tiempo las instituciones comunitarias parecían tomar partido claro en favor del criterio europeo y en contra de la trampa española. De hecho, mientras estos recursos completaban su recorrido en las instancias españolas y apuntaban ya hacia Estrasburgo, la comisaria de Justicia, Vera Jourová, expuso en dos ocasiones la posibilidad de sancionar al Estado español por este motivo, lo que contrasta muy abiertamente con el sentido del fallo de Estrasburgo.

Es en ese vacío de la sentencia en el que tienen cabida dos opciones expuestas por los abogados Urbina y Ziluaga ya en la rueda de prensa de la mañana. Más factible que recurrir a la Gran Sala de Estrasburgo (se analizará y hay tres meses para ello) puede resultar lograr que alguna instancia apele al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, a través de una cuestión prejudicial. Esta iniciativa determinaría si la traslación a la ley española de la directiva europea de 2008 fue correcta o no, es decir, entraría en el fondo del asunto.

Apelar a Luxemburgo es lo que ya estuvo a punto de hacer la Audiencia Nacional y a lo que se han mostrado abiertos jueces tanto en la AN como en el Supremo y el Constitucional. Esta cuestión prejudicial no puede ser planteada por los presos, sino por instancias jurídicas o del ámbito comunitario. Los abogados dijeron que tratarán de incidir para lograrlo.

En paralelo expusieron otra opción, que es la reforma de la ley 7/2014 para adecuarla efectivamente a la filosofía del criterio europeo. Urbina recordó que aquella coletilla «se introdujo ‘ad hoc’ para los presos vascos», tanto por la fecha que acotaba el criterio europeo como por los hechos que se definían, inverosímiles en otros casos.

Elósegui, la jueza de Rajoy

Los abogados no podían ocultar su decepción en esta primera lectura urgente de la sentencia. Incidieron en que confiaban en los sólidos votos particulares críticos de quienes perdieron por la mínima las votaciones en los plenos convocados al efecto en Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional, y que sí entraron a cuestionar la trasposición legal. Urbina y Ziluaga destacaron ayer dos de ellos: el de Adela Asúa –entonces vicepresidenta del Constitucional– en el TC y el de Cándido Conde-Pumpido –que fue fiscal general del Estado– en el Supremo.

Sin embargo, los siete magistrados europeos decidieron no cuestionar la acción del PP. En el tribunal, por cierto, estaba la donostiarra María Elósegui, nombrada precisamente por el Gobierno de Mariano Rajoy y a quien Blanco otorgó ayer un papel relevante en la decisión.

El PNV anuncia una proposición de ley y Sortu recalca que «la artimaña no ha sido juzgada»

El Gobierno de Lakua fue uno de los que reconoció su sorpresa con el fallo de Estrasburgo: «Esperábamos que fuera más en sintonía con la sentencia del Supremo donde venía a reconocer el cumplimiento efectivo de las condenas en otros países de la UE», dijo el portavoz, Josu Erkoreka, en alusión a una de las resoluciones concatenadas en este largo litigio. Dicho esto, Erkoreka abogó por «ir poniendo fin a la excepcionalidad».

El PNV mostró su «disconformidad»&flexSpace;por boca del diputado Aitor Esteban, que anunció una proposición de ley en la que «se hace una interpretación favorable a la acumulación de condenas para que puedan descontarse de los años pasados en prisión en Francia».

EH Bildu denunció «la ingeniería jurídica diseñada por el Estado español para prolongar los castigos y dificultar el acceso de los presos vascos a la libertad. La legislación de excepción debe desactivarse». Y Sortu añadió que «no se ha juzgado la artimaña jurídica que elaboró el reino español para vulnerar derechos» puesto que el tribunal «no ha entrado al fondo de la cuestión», tras lo que anima a seguir sumando fuerzas por los presos.

Sare se dirigió directamente al Gobierno español para instarle a derogar esa «ley injusta» y «dejar de lado la venganza y el odio, ayudando a construir las condiciones que permitan la convivencia y la paz». Invita a los representantes del Congreso a «trabajar en esa misma dirección».

Para LAB, «no es la noticia esperada por la sociedad vasca y tampoco la que merecen los y las presas ni sus familiares. Tampoco la decisión que necesitamos en este país».R.S.