En una declaración conjunta en el Parlament junto al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, Torra ha reaccionado así a las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes del proceso independentista.

Arropado por el Govern, JxCat, ERC, la CUP y los comuns, Torra ha advertido a Sánchez de que no considera un gesto que la Abogacía excluya el delito de rebelión en su escrito, y cree que es un «menosprecio absoluto» que sí incluya los de sedición y malversación.

Ha insistido en que Catalunya vive un conflicto político que debe resolverse desde la política, no desde los tribunales. «El Gobierno español ha perdido la oportunidad para sacar de los tribunales el conflicto que se vive en Catalunya para devolverlo al terreno político. Puede que crea que ganará unos cuantos votos, pero profundiza en una injusticia que afecta a la democracia. ¿Cuánta represión puede aguantar la democracia española?».

También ha avisado de que no se reducirán los partidarios de la independencia pidiendo penas que suman entre todas más de 200 años de cárcel. «A cada golpe nos hemos levantado siendo más y más fuertes», apelando al espíritu del 3 de octubre de 2017, cuando hubo un ‘paro de país’ en protesta por las cargas policiales del 1-O, para conseguir «la libertad de los presos, el libre regreso de los exiliados y soluciones democráticas al conflicto». Torra ha remarcado que la única violencia vista en Cataluna durante la consulta del 1-O fue «la de la Guardia Civil y la Policía Nacional».

«No renunciaremos nunca»

También ha intervenido el presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha advertido de que este proceso judicial no hará que renuncien al proceso soberanista. «No renunciaremos nunca a decidir democráticamente nuestro futuro».

Ha citado la lista de todos los líderes encausados, y ha tildado de inaceptable que se les atribuyan delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación a personas que «han demostrado su compromiso democrático por vías pacíficas».

Torrent considera que la Fiscalía no actuado por un anhelo de justicia, sino por voluntad de venganza, y ha recordado que los exconsellers que se fueron al extranjero «son ciudadanos libres en todo el mundo menos en el Estado español».