La lehendakari Uxue Barkos ha subrayado que la sentencia europea del caso Bateragune «no es la primera vez que la justicia española soporta un varapalo. Ojalá fuera la última».

«Quiero leer lógicamente el fallo y tener un conocimiento más profundo», ha señalado para añadir que esta decisión del TEDH «debiera servir para la reflexión en determinados ámbitos».

Su homólogo en Gasteiz, Iñigo Urkullu, estima que «ha llegado el momento» de que en el Estado español se «reflexione» sobre «lo que ha podido ser la perversión de la utilización de la justicia para condicionar la política».

«Es necesario ya también, como consecuencia de esa reflexión, que pensemos en cuál tiene que ser el verdadero objetivo de la política, y cuál la verdadera función también de la justicia», ha apuntado.

Según Urkullu, esa función debe ser «la de atender a lo que es el bienestar de la ciudadanía», en todo caso, «adecuándose a los momentos que en cada tiempo se den».

Urkullu ha recordado que cuando se produjeron los arrestos de Otegi y sus compañeros y compañeras «en aquel momento, personalmente ya me manifesté, y así lo hemos dicho también colectivamente, que no entendíamos, que no estábamos de acuerdo, ni con las detenciones por esa causa, ni con el encarcelamiento como consecuencia de esa causa».

Para el PNV, el fallo del Tribunal de Estrasburgo «ratifica» que el juicio contra Otegi, Jacinto, Díez Usabiaga, Zabaleta y Rodríguez «constituyó un absurdo político-judicial al sentenciar que todo era ETA en el mundo de la izquierda abertzale; que en el origen de los hechos se patentizaba una clara vulneración del derecho de reunión; y que supuso un obstáculo innecesario en la normalización en la convivencia en Euskadi».

En un comunicado, la formación jeltzale apunta que «en la base doctrinal de aquel procedimiento judicial se encontraba la Ley de Partidos. Ni hoy ni ayer han tenido sentido la exclusión política ni la limitación de derechos básicos de elección y organización, excepcionalidades que han hecho menguar los límites de un Estado democrático pleno».

«Esta sucesión de varapalos judiciales debiera sonrojar a la Administración de Justicia del Estado español», sentencia el PNV.

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha considerado que el Tribunal de Estrasburgo «una vez más» ha puesto en «evidencia» que «el Estado de derecho tiene graves fallas impropias de un país que se dice democrático. Urge abordar en profundidad los graves problemas del poder judicial en España».