Los trabajos para desmantelar Garoña podrían durar entre ocho y diez años, «aunque hay que tener en cuenta que cada central es diferente». Así lo indica el Gobierno español en respuesta a la pregunta formulada por el diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde.

Madrid recuerda que, a raíz del cierre definitivo de la planta, anunciado en agosto de 2017, se iniciaron los trabajos para erigir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos nucleares en los terrenos de la propia central, situada en el Valle de Tobalina, a escasos kilómetros de Euskal Herria.

«En la actualidad dicho ATI está licenciado y a la espera de iniciar la explotación», apunta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que explica cómo será la instalación, similar a la existente en Zorita. Estará al aire libre y albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de operación de la central, que se acopló al sistema eléctrico en 1971.

«Los residuos de baja y media actividad, así como los de muy baja, se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba, quedando el combustible gastado en el ATI de la central a la espera de que se alcance un acuerdo sobre su gestión», añade.

«El riesgo continúa»

Estas explicaciones suscitan serias dudas a López de Uralde, que ayer mostró su preocupación por el hecho de que los residuos se acumulen indefinidamente en la central burgalesa, «por el peligro que entraña para la salud de la población y el medioambiente dado el riesgo potencial de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera». «Garoña ha cesado su actividad nuclear pero los residuos siguen y seguirán allí ni se sabe hasta cuándo. Así que el riesgo continúa», manifestó.

«Con el proceso de desmantelamiento de planta, que a nuestro entender se está realizando a un ritmo demasiado lento, queda en evidencia de nuevo el gravísimo problema que tenemos con los residuos nucleares en este país. No sabemos qué hacer con ellos. Es necesario contar con un plan de desmantelamiento nuclear y un plan de gestión y tratamiento de los residuos», advirtió antes de incidir en la necesidad de tomar medidas para conocer el coste real del desmantelamiento.

En este sentido, denunció que «además de que desconocemos qué se va a hacer con los residuos a la larga tampoco sabemos cómo se va a pagar todo el proceso de desmantelamiento de las nucleares». En opinión del diputado verde, la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es uno de los «principales problemas» que debe abordar el Gobierno español tras asegurar que no alargará su vida útil.