El juez Jaime Tapia, que preside el tribunal encargado de enjuiciar el “caso De Miguel”, mostró ayer su «extrañeza» ante la declaración de Gorka Errasti, cuñado del empresario Josu Arruti, que el pasado lunes reconoció el pago de comisiones ilegales por parte del grupo Construcciones Riera al exdiputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial Alfredo de Miguel.

Errasti, que cerró la parte testifical, trató de explicar el flujo de capitales en Arle 2007, Zerulur y Nai Duenak, tres empresas relacionadas con la fallida operación urbanística de Zambrana, donde se pretendía construir un polígono industrial. En Nai Duenak trabajó la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, que recibió una remuneración pese a que la compañía carecía de actividad.

Según indicó, las empresas se crearon con la vista puesta en el sector de las energías renovables, pero carecían de financiación. El dinero con el que contaban lo aportó su suegro, Jesús Arruti, también imputado, que en 2008 le transfirió más de 100.000 euros. Este pago no le resultó extraño, ya que él tenía una «confianza ciega» en el padre de su mujer, que el martes insistió en que no sabía nada del cobro de comisiones ilícitas.

Las palabras de Errasti no despejaron las dudas del juez, que advirtió de que «esto produce mucha extrañeza». «Unas empresas que se crean con unas expectativas, no facturan nada, contratan a personas con unos sueldos bastante importantes, piden dinero a otras empresas... ¿eso es así?», preguntó Tapia, que emplazó a Errasti a «dar una explicación más boyante».

Este se limitó a incidir en que «en ese momento, los proyectos de energías renovables estaban en pleno auge y la crisis había hecho que mucho dinero procedente del ladrillo buscará inversión. Y yo creía firmemente en los proyectos».

Vinculación al PNV

En cuanto a su relación con el resto de implicados en esta presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos con la Administración, Errasti aseveró que la primera vez que vio a Alfredo de Miguel fue en un Alderdi Eguna.

Lo cierto es que la mayoría de implicados comparten militancia política, y varios han ocupado puestos en ayuntamientos, en la Diputación de Araba y en el Gobierno autonómico. Gurutz Larrañaga, por ejemplo, fue viceconsejero de Cultura durante la etapa de Juan José Ibarretxe.

El día 19 se conocerán las peticiones de la Fiscalía

El 19 de noviembre se conocerán las nuevas peticiones de prisión que propone la Fiscalía, y se sabrá hasta dónde llega el acuerdo alcanzado con nueve de los 26 imputados en este macroproceso judicial, en el que se investiga la existencia de una trama que tenía por objeto el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Cabe recordar que el juicio se suspendió durante un mes para tratar de cerrar un pacto con los imputados. Finalmente no se alcanzó un acuerdo formal y el fiscal jefe, Josu Izaguirre, se limitó a anunciar la existencia de un «pacto entre caballeros» con algunos de acusados.

Posteriormente se ha comprobado que las personas que se han adherido al mismo han sido los empresarios catalanes y los miembros de la familia Arruti. Uno de ellos, Josu Arruti, reconoció este lunes el cobro de comisiones ilegales por parte de Alfredo de Miguel. Ahora está por ver si el exdiputado foral usa su derecho a la última palabra.I.S.