Cargos públicos y colectivos ciudadanos de Hego Euskal Herria y de diferentes puntos del Estado español han acordado la creación de una red que tiene por objeto recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia.

Los asistentes a la reunión convocada por la Coordinadora Recuperando, celebrada este fin de semana en Zaragoza, definirán, según señalaron, una estrategia conjunta y buscarán los mecanismos jurídicos y legislativos que permitan recuperar el patrimonio público inscrito por la Iglesia católica.

Se coordinarán para intercambiar información y para articular iniciativas municipales. Y lo harán en un momento clave, ya que el Gobierno español está a punto de hacer público el listado de bienes inscritos irregularmente por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, hoy ya derogado.

Cabe señalar que la propia Conferencia Episcopal ha reconocido la inmatriculación de más de 40.000 bienes en el Estado español desde 1998, cuando el Ejecutivo de José María Aznar modificó la ley. En Nafarroa, entre 1998 y 2007 el Arzobispado inmatriculó 1.087 bienes.

Entre los inmuebles inmatriculados por la Iglesia figuran iglesias y monumentos históricos, así como plazas públicas, huertos, casas, ermitas, cementerios y hasta frontones, como ocurre en Lizoain. En esta localidad el Arzobispado trató de desalojar el año pasado a una anciana de la casa concejil.

El apoyo de la Plataforma en Defensa del Patrimonio y la actitud del cerrajero, que se negó a cambiar la cerradura de la casa, paralizaron el desahucio de Felicia Itoiz. En declaraciones a NAIZ, reconoció haber pedido al arzobispo de Iruñea, Francisco Pérez, que le dejara permanecer allí debido a su avanzada edad, pero este no aceptó.

Y durante los últimos años se han vivido situaciones similares en otros pueblos, como Mugiro o Esa, donde el pasado mes de mayo se repitieron las movilizaciones en apoyo a una abuela, su hija y su nieta. La familia, residente en una casa parroquial, recibió un burofax de la Iglesia para avisarles de que se ponía en marcha el desahucio.

Para evitar situaciones similares, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, ha emplazado a los ejecutivos autonómicos y al Gobierno de Madrid a que «actúen frente a la apropiación de monumentos históricos. Hablamos de bienes de dominio público y, por tanto, de la ciudadanía».

Estarán vigilantes

Por su parte, la Coordinadora Recuperando ha advertido de que no aceptará «un pacto en la sombra» entre el Gabinete de Pedro Sánchez y la Iglesia para «escamotear toda la información disponible o negociar una solución en falso del problema».

La coordinadora ha propuesto la cancelación de todas la inscripciones a través de una orden gubernamental a la Dirección General de Registros y Notariado al entender que son «nulas de pleno derecho».