El pasado mes de enero, en esta misma sala del Colegio de Abogados de Bizkaia, desde EH Bildu hasta el PSE habían mostrado una sintonía muy amplia contra la política carcelaria de Mariano Rajoy. Ayer, diez meses después, los contertulios eran casi los mismos, pero han pasado dos cosas importantes que dejan superado aquel momento: el final de ETA en mayo y el relevo en Moncloa en junio. Ello cambiaba a su vez la relevancia de los cinco partidos vascos intervinientes en la mesa redonda; el PP ya pinta muy poco (y lo delató Amaya Fernández intentando reventar el debate, con mucho denuedo pero poco éxito), mientras que el PSE acaparaba la atención.

Consciente de ello, Rafaela Romero comenzó dejando claro que «soy del partido, no del Gobierno». A continuación dijo entender la «frustración» de la que hablaron Amaia Arregi (PNV), Julen Arzuaga (EH Bildu) y Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos) por los escasos y poco relevantes pasos dados desde Madrid para cambiar las cosas. «Para temas de Estado, y este lo es, hace falta estabilidad», alegó la dirigente guipuzcoana en varias ocasiones. Aludió a que los consensos a nivel vasco están asentados, pero en el ámbito estatal no ocurre lo mismo, y añadió que la duración de la legislatura resulta incierta.

Con estos argumentos, Romero enfrió por ejemplo la opción de reformar la artimaña legal con que el PP impidió en 2014 el descuento de condenas cumplidas en otros estados, y ante la que Estrasburgo ha hecho ahora la vista gorda. El PNV ha presentado en el Congreso una propuesta para corregir las tres excepcionalidades introducidas ad hoc para estirar las condenas de los vascos, y EH Bildu y EP lo saludaron, pero escuchando a Rafaela Romero no cabe hacerse expectativas: «Es una iniciativa interesante, pero no soy tan positiva en que haya tiempo. Reformar una ley así cuando estamos hablando de convocar elecciones... A la gente hay que decirle cómo estamos, para no crear esas frustraciones».

En la mesa redonda que había abierto esta jornada, reuniendo a diferentes juristas, el exdiputado jeltzale Emilio Olabarria había mostrado su estupor y preocupación por cómo ha dejado este tema el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «La doctrina Parot se ha recuperado por arte de birlibirloque –consideró–, con un tribunal que dice que no es el competente para establecer la valoración del ajuste a los derechos humanos de las legislaciones estatales de cumplimiento de penas. Yo no sé qué quiere decir eso, ¿se avala la trasposición hecha por el PP en 2014 o no se avala? Es una sentencia perturbadora».

Grados y transferencias

En la cara positiva de la moneda, aquellos consensos evidenciados en enero siguen sobre la mesa o incluso parecen más apuntalados. Así, Romero defendió que toca concretar «un itinerario» con «requisitos concretos» para facilitar a los presos y presas el cambio de grado, hasta la fecha sometido a claros vetos y arbitrariedades reflejadas en las dos sesiones: la jurídica y la política.

Desde el PNV, Arregi reivindicó que «la reinserción no se consigue manteniendo alejados a los presos, y eso es además una pena añadida a sus familiares». Arzuaga (EH Bildu) añadió que «la vinculación preso-sociedad y sociedad-preso solo puede ser positiva para la convivencia». Y Guanche (EP) apostilló que «la cárcel no puede ser una causa de aumentar la exclusión social o perjudicar la salud».

Todos demandaron la excarcelación de los presos enfermos. También la asunción de la transferencia penitenciaria a la CAV, algo que Romero ve posible pero sin poner plazos. Arzuaga apostó por que esa transferencia sea en realidad triple: que venga la competencia penitenciaria, pero también los presos y la función de vigilancia penitenciaria, hoy centralizada en la Audiencia Nacional. Recordó que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, dice que están listos para ello.

En un extremo de la mesa y en las antípodas de todo se situó Amaya Fernández (PP). Basta dar tres detalles de lo que Julen Arzuaga tildó posteriormente de «oda a la inhumanidad». Aseveró que la dispersión que ha costado dieciséis vidas «no atenta contra el entorno familiar, y eso no lo dice el PP, lo ha dicho el Tribunal Europeo». Minimizó los suicidios en prisión indicando que «son solo la tercera causa de muerte, después de la natural y la politoxicomanía». Y trató de ridiculizar el expediente médico de varios presos vascos enfermos.

Entre el público hubo murmullos, pero en la mesa eludieron entrar el trapo. Aunque las representantes de PNV y PSE sí salieron al paso de la utilización de las víctimas de ETA por parte del PP. Romero incidió en que «a mí ninguna víctima me ha hablado en términos de venganza y si esto ayuda a la convivencia, lo entenderían». Y Arregi añadió: «En la ponencia, todas han dicho que para ellas es indiferente el alejamiento».

Un exresponsable de II.PP dice que «es la hora» de cambiar

Virgilio Valero pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias desde hace más de 20 años, y fue alto cargo de esa dirección general en la era de José Luis Rodríguez Zapatero y Mercedes Gallizo, además de dirigir una prisión. Ahora no tiene responsabilidades, pero sí un diagnóstico claro sobre la necesidad de que la Administración estatal cambie de criterio y acometa un «programa de intervención y tratamiento» que conlleve mejorar la situación de los presos vascos, incluido su acercamiento, en base a su evolución individual. «Ha llegado la hora», subrayó en esta jornada de Bilbo.

El debate en la mesa de juristas había comenzado por la cuestión de los presos enfermos, sobre la que Valero dijo que «hay fórmulas» para resolverla, pero con un matiz añadido más que curioso: «Hacen falta personas que quieran aplicar la legislación». Aseguró que cuando él tuvo responsabilidades en Instituciones Penitenciarias sí se produjeron excarcelaciones. Pero minutos antes Amaia Izko, abogada de presos y presas vascas, había puesto el dedo en la llaga al apuntar que efectivamente entre 2008 y 2011 se concedió la prisión atenuada, mandando a casa a doce personas con enfermedades graves, pero después esto se paralizó e incluso se devolvió a prisión a alguno como Ibon Iparragirre.

En este ámbito concreto, Izko llamó la atención sobre el tema de los presos con enfermedades mentales: «Y es que ahí no se puede poner en negro sobre blanco un pronóstico de fallecimiento cercano. Pero en nuestro ámbito de trabajo hay nueve personas que se han quitado la vida en estos años. Y a veces no se han podido detectar nada porque estaban solos».

Otro letrado vasco presente en la mesa, Txabi Etxebarria, denunció cómo la polémica instrucción penitenciaria que dio pie al ministro Zoido a afirmar que solo se liberaría a quienes tuvieran una expectativa de dos meses de vida se basó en una trampa dialéctica: «La ley habla de peligro patente para la vida y esa directriz la convirtió en peligro inminente, que no es lo mismo».

En cuanto a la cuestión del alejamiento, en las dos mesas hubo sendas voces que quisieron recordar al PNV su responsabilidad en el inicio de la dispersión. Primero fue Virgilio Valero y después Amaya Fernández, el primero con una formulación más técnica y la segunda de modo sarcástico: «Participaron de eso que ahora parece ser un atentado humanitario», les reprochó.

En la réplica, la jeltzale Amaia Arregi se escudó en que en aquella época había presos vascos que les decían que querían tener libertad de criterio y que ello les resultaba muy difícil estando reunidos en las mismas cárceles con otros prisioneros. «Necesitaban salir de esa disciplina. Pero en ningún caso hemos estado a favor del alejamiento», esgrimió.R.S.