En declaraciones a los periodistas, Castiella ha advertido como «bastante evidente que una documentación recibida con plazo 23 de noviembre, el viernes pasado, por los miembros de esta comisión ha sido filtrada a un medio de comunicación, y por tanto, sí que consideramos que hay una violación de ese deber de secreto».

Ha recordado que uno de los informes solicitados por la comisión que investiga la desaparición de Caja Navarra «hablaba incluso de las consecuencias penales en las que podrían incurrir aquellos parlamentarios o parlamentarias que efectuaran dichas filtraciones o no guardaran el deber de secreto y confidencialidad».

Por este motivo, uno de los objetos de la sesión celebrada hoy ha sido la petición de elaboración de un informe jurídico para determinar si las actas de registro mercantil y diferentes actas del Consejo de Administración de Sodena «disponen de la misma protección legal que la información recabada en la comisión de investigación de Caja Navarra».

«Lo que vamos a tratar es la confidencialidad de la documentación recibida por los miembros de esta comisión y que, según el reglamento del Parlamento de Navarra y los precedentes que nos han marcado los informes jurídicos que ha elaborado la Cámara con la comisión de investigación de CAN, sabemos que están sujetos a confidencialidad y que los parlamentarios que forman parte de la comisión deben de guardar el secreto sobre las mismas», ha dicho.

También ha sido cuestionado sobre las declaraciones ayer del regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin sobre los «serios indicios» de que el vicepresidente del Ejecutivo, Manu Ayerdi, «ha podido incurrir en una conducta negligente» y que «la calificación final de si ha sido negligencia culposa o dolosa lo tendrán que determinar los tribunales».

Ha señalado que no le corresponde valorar esta opinión, pero sí «como presidente de la comisión, hacer guardar las obligaciones y las formas que tienen que cumplir los parlamentarios y sobre todo guardar aquella confidencialidad que se requiere con documentación que puede ser sensible, que puede estar protegida por la ley orgánica de protección de datos de carácter personal».

En este sentido, ha apostado por «no trasladar una investigación que debe darse en el seno de esta comisión a medios de comunicación y a un debate interesado o partidista en función de las lecturas que se pueden hacer de documentaciones».

En cuanto al objeto de la comisión, ha asegurado que si «indagando cuál ha sido la actuación de los sucesivos Consejos de Administración de Sodena desde hace más de 15 años a hoy se recabara algún tipo de dato o información que incurriera en ilegalidad, sería comunicado debidamente en las conclusiones de la comisión y serían remitidas a la fiscalía».