Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables a siete de los ocho acusados por la muerte en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena.

Los siete acusados declarados culpables son Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte.

Al acusado Emerson Duarte, en cuya casa en la caribeña ciudad de La Ceiba fue hallada la pistola con la que fue abatida Berta Cáceres, se le ha absuelto de toda responsabilidad penal.

Tres de los siete acusados, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), han sido condenados por el delito de «asesinato».

La empresa DESA era la responsable de un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país al que Berta Cáceres se oponía.

Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Eilson Duarte y Oscar Torres, han sido condenados por los delitos de «asesinato», y «asesinato» en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.

La condena ha sido recibida con la insatisfacción de su familia y de la defensa de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), implicada en el crimen.

«No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia», ha declarado la madre de la ambientalista, Austra Bertha Flores, al finalizar la audiencia en la sala del tribunal de Tegucigalpa en la que ha sido leída la sentencia, sobre la que el 10 de enero de 2019 se conocerá la pena que cumplirán los acusados.

La familia de Berta Cáceres ha reiterado que DESA, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los «autores intelectuales» del crimen de la ambientalista, quien fue abatida el 2 de marzo de 2016 en su casa, en la occidental ciudad de La Esperanza.

El abogado de DESA, Robert Amsterdam, desde Washington ha indicado en un comunicado  que el equipo de defensa de Sergio Ramón Rodríguez, ejecutivo de la empresa, rechaza el fallo.

«El equipo de defensa del señor Rodríguez rechaza esta decisión y apelará, y tiene la intención de solicitar una compensación por la condena injusta y la violación de los derechos humanos ante varios organismos internacionales», ha subrayado Amsterdam.