![Alfredo de Miguel y su abogado, Gonzalo Susaeta. (Jaizki FONTANEDA/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/555/872/article_main_landscape/demiguel.jpg)
El abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, ha comenzado hoy a presentar su informe final en el juicio por este caso, que sienta en el banquillo de los acusados a 26 personas, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés.
Susaeta ha centrado su exposición en las «irregularidades» que a su juicio se han observado durante la instrucción y ha hablado de «manipulaciones» de pruebas, ruptura de la cadena de custodia y actuación «desproporcionada, indiscriminada y prospectiva» de la Ertzaintza para insistir en pedir la nulidad de toda la prueba de cargo y denunciar la violación de derechos fundamentales de De Miguel y su esposa, a la que también defiende.
«Tenemos la constatación que durante siete meses todas las evidencias estuvieron fuera del procedimiento de control y custodia del secretario judicial», ha subrayado. «El punto de partida en el plenario ha sido de un escenario predeterminado y configurado por una instrucción en la que se vulneraron, desde su mismo inicio y en su avance, varios derechos fundamentales de los imputados, hoy acusados», ha denunciado.
El letrado ha asegurado que sus clientes han sufrido un «juicio paralelo» desde la instrucción, que se ha «extendido» durante todo el proceso, con dos comisiones parlamentarias y «desafortunadas declaraciones de políticos de todo tipo».
«Todas las mañanas, nos desayunábamos con comentarios , valoraciones, curiosos o parciales de lo que había acontecido en la sesión del día anterior. Para la prensa, para nuestra clase política, sin distinción de partidos, para esta sociedad tuitera que me repulsa, para todos ellos mis defendidos eran y son presuntos culpables. Deseo, espero y confío en que este tribunal a la hora de dictar sentencia no los tenga por tales y se abstraiga de la presión social, que no tenga miedo, como le ocurrió a la Audiencia de Navarra», en referencia a la sentencia de ‘La Manada’, ya que cree que «el escenario de partida» de este juicio ha estado «influido por un juicio mediático y paralelo».
La Fiscalía rebajó de 54 años y 11 meses a 29 años y 9 meses la pena de cárcel que solicita para De Miguel por delitos como asociación ilícita en grado de dirigente, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, coacciones, malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y coacciones.
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