Aun contando con un «permiso de residencia por motivos humanitarios» –una de las formas de protección internacional que podían reclamar los solicitantes de asilo que llegaban a Italia– muchos migrantes corren el riego de quedar como «sin techo» en la calle. Este tipo de protección ha sido la más frecuente en Italia en los últimos años: solo en 2017 se examinaron 91.102 solicitudes de asilo y el 21 % derivaron en permisos por motivos humanitarios (el 60 % del total fueron rechazadas), según el Ministerio del Interior. El inmigrante al que se le aceptaba podía comenzar un proceso de integración en Italia, trabajar, disfrutar de su sanidad y de su sistema escolar y acceder a sus centros de acogida públicos hasta organizarse una vida nueva y obtener la residencia italiana.

Pero esta categoría de protección ha sido abolida y suplantada por «permisos especiales» más breves, mediante la ley impulsada y celebrada por Matteo Salvini, ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga.

En virtud de la nueva legislación, quienes cuenten con el permiso de residencia no podrán vivir en dichos centros públicos, reservados a refugiados y menores no acompañados, y deberán buscarse la vida. La medida se aprobó en el Parlamento con los votos de la coalición de Gobierno –el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, entre otros.

Un día después de la votación, la medida dio sus primeros frutos por orden de la delegación del Gobierno en Crotone. Un total de 24 inmigrantes regulares fueron expulsados por la noche del Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo más grande de Italia, el de Isola Capo Rizzuto, quedando a sus puertas con sus pocos enseres. Se vieron de pronto «en la calle», explica a Efe Pino De Lucia, responsable de Inmigración de la cooperativa social Agorà Kroton, una de las organizaciones que acudieron a su auxilio. Entre los expulsados había mujeres víctimas de trata de personas en África, una embarazada con un bebé de 6 meses y cuatro jóvenes, uno de ellos con problemas siquiátricos, explicó el director de Cáritas de Crotone, Rino Le Pera.

«’¿Me asegura que mi hija tendrá un techo? Si me lo promete, iremos con usted'. Fue impactante», recuerda el sacerdote la pregunta de un padre de 24 años junto a su mujer de 19, embarazada, que cargaba a sus espaldas a un niño de medio año.

El caso de Crotone, donde se esperan nuevas expulsiones, se ha repetido en Potenza, y en Milán, donde Cáritas advierte de que unos 500 inmigrantes podrían acabar como «sintecho».

El Consejo Italiano para los Refugiados cree que la ley creará mendigos e inmigrantes irregulares una vez que caduquen los permisos abolidos.