Ni contigo ni sin ti, que carraspearía Sabina. Pedro Sánchez necesita los votos catalanes para capear el temporal andaluz, una tormenta que también al independentismo le interesa esquivar. Una relación incómoda y mutuamente interesada que, siguiendo con la canción, no tiene escenas de sofá, pero si recibos. Ayer cada quien se cobró los suyos. Por la mañana, en Madrid, Sánchez consiguió aprobar un nuevo techo de gasto con los votos de ERC y PDeCAT –también de PNV y de Podemos–, lo que le permitirá presupuestar 6.000 millones de euros en unas cuentas que no tiene garantizadas. Por la tarde, en Barcelona, el Govern logró la imagen de una cierta bilateralidad con una reunión entre miembros de ambos ejecutivos, catalán y español –desde la Generalitat la calificaron de «cumbre»–.

Pero todo parece más cerca del espejismo que de la realidad, porque el independentismo sigue asegurando que no aprobará los Presupuestos Generales del Estado a no ser que la Moncloa cambie su política respecto al conflicto con Catalunya, y desde Madrid dejaron muy claro que lo de ayer, en palabras de la portavoz del PSOE Adriana Lastra, no fue más que una reunión del jefe de gobierno de un Estado con el presidente de una autonomía, es decir, con poco más que un subordinado. De hecho, la imagen de cierta distensión que ayer trataron de proyectar ambos gobiernos podría borrarse hoy mismo, dependiendo de cómo transcurra una jornada de alto voltaje.

Por discrepar, ambas partes discreparon hasta en el color de las plantas que decoraron la reunión. Dos flores amarillas destacaban encima de la mesa hasta que el jefe de protocolo de la Moncloa se sacó de la chistera una flor roja y, ni corto ni perezoso, la colocó enmedio. Dice más el detalle de las flores que el escueto comunicado con el que ambos gobiernos trataron de salvar el encuentro. Cuatro breves párrafos para constatar «la existencia de un conflicto», así como la discrepancia «sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución». Ambas partes se emplazaron a seguir dialogando –habrá otra reunión en enero– y a buscar «una respuesta democrática» en «el marco de la seguridad jurídica». Una referencia que la ministra Batet se apresuró a traducir: «En el marco del ordenamiento jurídico».

Jornada de alta intensidad

En cualquier caso, la valoración de la reunión de ayer será incompleta hasta que no haya concluido la jornada de hoy, que podría marcar el futuro inmediato de Catalunya. Los ingredientes para convertir el día en un punto de inflexión –veremos en qué dirección– llevan días encima de la mesa. Es el primer aniversario de unas elecciones impuestas que el independentismo ganó pero el Estado no aceptó –vetando la investidura de Puigdemont–, y el Gobierno español no ha tenido mejor idea que celebrarlo con un Consejo de Ministros en Barcelona.

La maratón de movilizaciones es espectacular; desde las llamadas de los CDR, Arran y las juventudes de ERC a bloquear la reunión gubernamental desde primera hora de la mañana, a la marcha lenta de coches convocada por la ANC y el Consejo popular de ministros de Òmnium. Una agenda de protestas que culminará a la tarde con una manifestación unitaria que recorrerá las calles de Barcelona.

Al otro lado de la partida, el unionismo mediático lleva semanas con la jornada marcada en rojo en el calendario, ansiosa de construir un relato que acabe con una nueva vuelta de tuerca en la dinámica represiva. Una voluntad que Ciudadanos llevó ayer hasta el ridículo y la estupidez al presentar una querella preventiva contra el president, Quim Torra, acusándole de una proposición de rebelión por no haber llamado «a no cometer actos ilegales».

Y junto a ello, un despliegue policial excepcional que hace encender todas las alarmas y, de paso, subraya la debilidad –relativa– del Estado en Catalunya. Según los datos de “La Directa”, que ha efectuado la explicación más detallada del dispositivo policial preparado, 1.400 antidisturbios de los Mossos trabajarán mañana en toda Catalunya, a los que se suman 750 antidisturbios de la Policía española y 450 más de la Guardia Civil, enviados para la ocasión a la capital catalana.

Pero hay más, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, y los directores de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Pardo Piqueras y Félix Vicente Azón, supervisarán el trabajo de los Mossos, guardándose la posibilidad de ordenar actuar a las fuerzas estatales trasladadas a Catalunya para la ocasión, con sus balas de goma –arma prohibida por el Parlament–.

Los presos políticos firmaron ayer una carta conjunta llamando a movilizarse «masivamente y pacíficamente», sin caer en «provocaciones». Los Mossos por su parte, han recordado en los últimos días que impedir el Consejo de Ministros puede comportar penas de prisión.

Los presos ponen fin a la huelga de hambre

Después de que los últimos cinco presidentes de la Generalitat y del Parlament pidiesen el miércoles a Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull y Joaquim Forn que dejasen la huelga de hambre, los cuatro presos políticos dieron ayer por terminado el ayuno, al considerar que el objetivo de que el Tribunal Constitucional empezase a desencallar sus recursos se ha cumplido. Como muestra, baste decir que el TC rechazó ayer mismo el recurso con el que Sánchez reclamaba su puesta en libertad. El objetivo último es despejar la vía para acudir a los tribunales internacionales como el TEDH, algo que no puede hacerse con la causa todavía en manos del TC.

De forma paralela, Carles Puigdemont, Marta Rovira y la diputada de la CUP Maria Sirvent presentaron ayer en Ginebra una demanda contra el Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una pequeña muestra de unidad soberanista con la que el independentismo catalán busca un nuevo altavoz para denunciar la vulneración de derechos humanos del Estado español.B.Z.