En un comunicado, el Gobierno navarro, acusación popular en el caso, sostiene que «no puede sino manifestar su absoluta discrepancia con la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial Navarra por la que desestima la solicitud de ingreso en prisión de los acusados en la que considera agresión sexual en Sanfermines de 2016».

En este sentido, se reafirma en los motivos que fueron alegados por su asesoría jurídica en la vista celebrada el pasado 26 de diciembre para solicitar el ingreso en prisión, como son el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Además, tiene en cuenta «la gravedad» de los hechos por los que fueron acusados, la pena de nueve años de prisión a la que fueron condenados, así como la propia sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa de 30 de noviembre del pasado año, confirmatoria en lo sustancial de la de la Audiencia.

Respecto a esta última sentencia destaca que contó con el voto particular de dos magistrados que calificaron los hechos como agresión sexual –no como abuso, como finalmente se condenó a los encausados–.

Esta calificación, recuerda, es la que desde el inicio de este proceso ha sostenido el Gobierno de Nafarroa y así ha sido argumentada también en el recurso que ante el Tribunal Supremo ha presentado tanto el propio Ejecutivo como el resto de acusaciones, postulando que se les condene por agresión sexual.

Frente a los argumentos de dos de los magistrados de la Audiencia contenidos en los autos, el Ejecutivo navarro comparte los del voto particular singularmente relativos a que la medida del reingreso en prisión es necesaria para procurar el fin legítimo asignado a la prisión provisional.

De esta forma, se evita que los acusados puedan sustraerse a la acción de la justicia y a la existencia de dos sentencias condenatorias, en las que se impone y ratifica una condena a 9 años de prisión, una pena que supera, hasta casi duplicarlo, el umbral inferior de 5 años considerado en el Código Penal como límite para diferenciar los delitos graves de los menos graves.

Además, considera que el cumplimiento que vienen realizando los procesados, desde que fueron excarcelados, de las condiciones impuestas, puede desvirtuar el riesgo de fuga.

Por otra parte, reitera su rechazo y condena de cualquier caso de violencia sexual, por lo que supone «una intolerable violación de los derechos humanos, una violencia que revictimiza a las niñas y mujeres y que atenta contra su vida y libertad».

En este ámbito, reafirma su compromiso por «seguir trabajando para que no haya una sola situación de violencia contra las mujeres».

El Gobierno, «partiendo de que ésta tiene su origen en la desigualdad de mujeres y hombres», incide en que «hay que seguir impulsando las políticas de igualdad como la vía más eficaz de prevención y erradicación, a la par que continuar articulando medidas y recursos para la protección y atención integral a las mujeres que sufren este tipo de violencia que atenta contra su vida, su libertad, su dignidad y la plena ciudadanía».

En este sentido, recuerda que el pasado 26 de diciembre el Gobierno navarro aprobó el proyecto de Ley Foral de Igualdad entre mujeres y hombres que busca «un cambio de modelo social que ponga en valor la sostenibilidad de la vida y que rompa los estereotipos y roles de género».