Según el Ayuntamiento de Bilbo, la discoteca Moma, ubicada en la calle Rodríguez Arias, debería estar cerrada del 8 de enero de 2019 hasta el 7 de febrero de 2020. Esta sanción es consecuencia de los numerosos expedientes abiertos a la sala de fiestas, «por vulnerar de forma reiterada» la ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente.

Sin embargo, en las últimas horas, Moma ha informado a través de las redes sociales que el local «no cierra sus puertas». Los jueces han decidido aceptar los recursos interpuestos por la discoteca y ha levantado cautelarmente el cierre de un año decretado por el Ayuntamiento. Además, para celebrar el segundo aniversario, Moma ha anunciado una fiesta para este sábado, 12 de enero.

Por otro lado, la Agrupación Vecinal de Afectados Rodríguez Arias, ha interpuesto una querella criminal de los vecinos afectados contra determinados cargos del Ayuntamiento, «por la situación de la calle», según ha informado esta agrupación a través de una nota. «Queda pendiente de comprobar si el cese de la actividad comercial es una realidad o si, como hasta la fecha ha venido sucediendo, es una operación más del Consistorio para aparentar que hace algo», ha denunciado la agrupación vecinal.

Según ha explicado esta agrupación, en los dos años del conflicto de la calle, las manifestaciones públicas de los concejales del Gobierno municipal han ido en la dirección de señalar «que el Moma no se cerrará nunca» o la creciente «paranoia» de los vecinos; y considerar el problema del «mal llamado ocio nocturno» como un asunto de «molestias vecinales» en lugar de orden público.

Asimismo, han denunciado que «nada de lo comprometido» por la concejala de Medio Ambiente, Inés Ibáñez de Maeztu, en el proceso de mediación del año pasado, «aguantó más de una semana». «Sólo sirvió para lanzar un titular de prensa», han añadido al respecto.

Por otro lado, los vecinos afectados han subrayado que les parece «llamativo» que según ellos el consistorio se haya negado a que «técnicos municipales acreditados realicen inspecciones medioambientales por ruido, derivando las mismas a agentes de la policía municipal no homologados para su realización».

«Ante esta posición, el problema de Rodríguez Arias solo encontrará su solución en los tribunales de justicia, donde los afectados presentarán una inmediata querella criminal», concluye en la nota la agrupación vecinal.