![Policía Foral sigue en la Navarrería mientras se realizan los trabajos de clausura de Rozalejo. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/565/840/article_main_landscape/maravillas.jpg)
Ante el estado de «alto riesgo» del edificio, el Ejecutivo ha adoptado esa decisión, según ha comunicado en rueda de prensa tras la sesión de Gobierno el vicepresidente Manu Ayerdi, acompañado por la consejera María José Beaumont y la portavoz María Solana.
Ayerdi ha apuntado que son conscientes de que «la complejidad del edificio y su ubicación» hacen «imposible asegurar al 100 % su impenetrabilidad», pero ha remarcado que «cualquier intento de volver a entrar va a poner en riesgo la seguridad de quienes intenten acceder y de los bienes, la seguridad en mayúsculas», ha remarcado.
Por eso el Gobierno «va a adoptar las medidas necesarias para que la seguridad prevalezca por encima de todo», han indicado, al tiempo que han anunciado que el dispositivo policial que ha permanecido estos días en la zona se va a levantar hoy.
La decisión de clausurar el edificio, al que se accedió con autorización del juzgado de instrucción número 4, se ha adoptado ante el «contundente» informe elaborado por los técnicos de Patrimonio del Gobierno, junto con el responsable de la oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento y jefe de Patrimonio de Príncipe de Viana, que constata un «agravamiento» de los riesgos.
Tras una primera inspección, los técnicos han continuado trabajando y han elaborado un informe «más completo», en el que se confirma la realización de obras como cierres de fábrica o derribos de tabiquería, picados o una ampliación de la instalación eléctrica con un enganche ilegal, que no cumple la normativa y está alcance de cualquier persona.
Asimismo se constatan condiciones de riesgo para personas y edificios derivadas además de por la estructura y la instalación eléctrica, por la posibilidad de incendio por la acumulación de productos inflamables o caídas al vacío huecos sin protección.
En el edifico, en el que faltan «condiciones de salubridad», se han realizado además actividades en zonas de «grave riesgo», actividades que podían dado lugar a aglomeraciones sin contar con sistemas de acceso o evacuación. En el caso de que se hubiera producido algún caso el Gobierno sería «responsable civil y penalmente», han apuntado.
Con esos datos los técnicos han propuesto desmontar la instalación de electricidad y pedir a la compañía que proceda a su eliminación, al igual que desmontar el sistema de agua, vaciar el interior de materiales y enseres, especialmente los inflamables, levantar pavimentos, recolocar y aumentar las líneas de apeo, cerrar huecos y señalizar riesgos.
Además se ha solicitado que solo se permita el acceso al interior del palacio del personal autorizado.
Ante esto y porque «la prioridad absoluta es la seguridad» el Gobierno ha decidido clausurarlo, según Ayerdi.
A partir de ahora el compromiso del Gobierno, según Solana, es acometer el proyecto planteado para el palacio y que ya cuenta con una partida.
Respecto a la actuación de la Policía Foral y los incidentes que han tenido lugar tanto el día 8, cuando se produjo la entrada en edificio, como ayer, Beaumont ha lamentado las «molestias» que se hayan podido causar al vecindario y por eso «una vez que se clausure ya no estarán» en la zona, salvo que se produzca algún problema de seguridad ciudadana.
Ha dicho tener constancia de dos cargas por parte de la Policía Foral, pero ha remarcado que en ningún caso se han utilizado pelotas de goma, ya que han sido suprimidas, sino que se usaron «cartuchos con punta de espuma deformable».
Además ha indicado que ante una situación de «riesgo del cuerpo y a cuerpo» se «disparó a lo alto», sin que por el momento le conste motivo alguno para abrir expediente a ningún agente, aunque ha señalado que si hay «errores o negligencias» se investigaran.
El Gobierno, que ha pedido «responsabilidad» a sus socios, ha condenado el ataque contra la sede del PNV y las pintadas con las siglas de «PNV y UPN dentro de sendas dianas».
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