La querella, ha explicado en conferencia de prensa la abogada Lourdes Etxeberria, califica provisionalmente los hechos como un delito de lesa humanidad en concurso con un delito de asesinato u homicidio y otro de lesiones, y se dirige, además de contra el exministro, contra el gobernador civil de la época, un comisario de Policía y diversos mandos de la Policía española y la Guardia Civil.

Para Etxeberria, el contexto en el que se desarrollaron los hechos de safermines de 1978 «es importante para la calificación jurídica que se va a dar». Según ha señalado, «cualquier juzgado puede volver a investigar los hechos ocurridos en un contexto de crímenes de lesa humanidad». Además, la abogada ha querido remarcar que en su momento «hubo una serie de pruebas que se admitieron» pero que «ni el Ministerio de Interior ni la Policía enviaron los documentos requeridos».

Por otra parte, Etxeberria ha señalado que en su momento se abrieron cinco sumarios por estos hechos, pero todos acabaron con el sobreseimiento provisional, lo que supone que no se considera el caso como «cosa juzgada» y por tanto pueden interponerse nuevas querellas, como la presentada este martes en el juzgado decano de instrucción de Pamplona.

Además de la querella, Etxeberria ha anunciado que se ha presentado un informe desarrollado por la Universidad Pública de Nafarroa (UPNA), «un estudio de lo que ocurrió antes y durante los hechos». Este mismo informe recomendaba que el Ayuntamiento de Iruñea presentase también una querella, y, tal y como ha anunciado Sabino Cuadra, miembro de la iniciativa Sanfermines 78 Gogoan, «el Ayutamiento lo está estudiando», ya que la iniciativa pretende que los afectados por aquellos sucesos y a las entidades sociales e institucionales a que se adhieran a la demanda.

Cuadra ha anunciado asimismo un calendario de «actividades de denuncia», en el que están previstas varias «actuaciones institucionales y judiciales». «Esto tiene que ser un incio de un recorrido jurídico», ha señalado.

Fermín Rodríguez, hermano de Germán, ha asegurado que lo ocurrido aquella fecha fue «un delito de terrorismo de Estado», que fue «premeditado», y ha denunciado que familiares y allegados «llevamos 40 años sin verdad ni justicia»: «Jamás nadie del Gobierno español nos ha dado una explicación».

La querella se ha interpuesto tras la recomendación de la Comisión de la Verdad impulsada por el Ayuntamiento de Iruñea.