Un tribunal italiano ha solicitado el procesamiento de Matteo Salvini por impedir en agosto el desembarco en Catania de un centenar de migrantes, que tuvieron que permanecer en la mar durante varios días. La acusación es de «secuestro agravado de personas», un delito que conlleva penas de entre 3 y 15 años de prisión.

El propio Salvini informó de la noticia en las redes sociales, el mismo medio que utilizó en noviembre para celebrar que la Fiscalía de Catania había solicitado el archivo del caso. Ahora tres magistrados del Tribunal de Catania ha pedido que le se juzgue a Salvini por este delito.

Sin embargo, Salvini, líder de la ultraderechista Liga, tiene una baza a su favor, y es que tendrá que ser el Senado el que vote si se le procesa o no, y su formación y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), que gobiernan juntos, tienen mayoría en el Parlamento. «Estoy seguro de cuál será el voto de la Liga, porque estamos defendiendo a los italianos. Veremos cómo vota el resto de partidos», sostuvo.

El también vicepresidente del Gobierno italiano leyó el acta del tribunal y explicó que los jueces «invitan a procesar al senador Salvini por el delito de secuestro de personas agravado», pues creen que, «abusando de sus poderes, privó de la libertad» a un centenar de inmigrantes que mantuvo dentro de una embarcación militar durante cinco días, sin poder pisar tierra.

Este barco se había hecho cargo el 16 de agosto de 177 inmigrantes en el Mediterráneo y permaneció cinco días en el mar, hasta que Italia le autorizó un puerto. Una vez en Catania, Salvini solo permitió descender a los menores, el resto siguió a bordo durante otros cinco días.

El ministro dijo que, según los jueces, retuvo a estas personas «sin motivo justificado» y «en condiciones sicofísicas críticas».

«Estoy preparado para ir a la cárcel porque he bloqueado y bloquearé las llegadas de inmigrantes (...). No cambio mi forma de pensar ni de actuar», insistió, en tono provocador, antes de decir que es «inocente» porque se limitó a «defender el país».

Por la tarde arremetió contra los jueces, tildando su petición «absurda» y de «amenaza».

La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) calificó sus palabras de «irrespetuosas por su tono de burla y su contenido». «El riesgo de una deslegitimación de la magistratura, que opera con respeto a las leyes del Estado, es alto y debe ser absolutamente evitado», apuntó.