La parlamentaria de EH Bildu Larraitz Ugarte ha presentado la proposición de ley, que fue registrada en el Parlamento de Gasteiz el pasado viernes y que busca establecer unas condiciones mínimas en todas aquellas adjudicaciones de obras y servicios impulsadas por todas las administraciones públicas (Gobierno, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas y privadas con participación pública).

Ugarte ha recordado que el sector público es el principal empleador de la CAV, ya sea mediante contratación directa o a través de subcontrataciones con el sector privado y que esa doble realidad genera desequilibrios, ya que quienes tienen una relación indirecta con las instituciones tienen unas condiciones muchos peores que el resto.

Se trata de que no exista una administración pública a «dos velocidades» y que las administraciones «no miren hacia otro lado» cuando se trata de obras y servicios que se financian con dinero público.

Entre las medidas recogidas en la proposición de ley para regular Cláusulas Sociales en Contratos Públicos está la obligación de que las empresas que contraten con la Administración respeten el último convenio laboral en vigor en el territorio.

También se incluyen criterios en materia de igualdad y lingüísticos, como que se garantice el derecho a que se dirijan a ellas en los dos idiomas oficiales de la CAV.

Asimismo se busca limitar hasta un tercer nivel la subcontratación y que la empresa que contrate con la administración responda de los incumplimIentos de las subcontratas que haya hecho.

En la proposición de ley se indica que será la Administración la responsable de controlar los incumplimientos y se incluyen una serie de sanciones, entre ellas la rescisión del contrato por hechos muy graves y multas económicas, que en todo caso no podrán superar el 10% del valor de la contratación.

Se prevé asimismo la creación de una comisión técnica de verificación y evaluación para cumplir las cláusulas sociales. Todas estas medidas no se aplicarán a los contratos actualmente en vigor.

Ugarte ha indicado que el objetivo es garantizar condiciones dignas entre los trabajadores de empresas que contratan con la Administración y ha indicado que su proposición de ley es «necesaria» y solo hace falta voluntad política para que pueda ser una realidad.

Ha recordado que para su elaboración se han tomado como ejemplo normas forales de Gipuzkoa y Nafarroa.