En una entrevista concedida a Onda Vasca, el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno de Lakua, Jonan Fernández, ha afirmado que «no hay nada de malo ni contraindicación» en que la CAV tenga la competencia de prisiones porque está recogida en el Estatuto y debería haberse transferido «hace mucho tiempo». Además, ha destacado que existe el precedente de Catalunya, que tiene la competencia de instituciones penitenciarias desde hace décadas.

Además, ha subrayado que tener transferida la competencia de la gestión de los centros penitenciarios, «no implica» que Lakua «tiene una capacidad unilateral de decidir sobre la política penitenciaria, sino que se seguirá gestionando, en este marco, por lo menos, con la participación de los jueces y también de la Ley y el reglamento general penitenciario, que ahora mismo determina cómo tiene que desarrollarse la política penitenciaria».

Jonan Fernández se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las declaraciones del ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre que la dispersión es «pasado», y ha señalado que, en las relaciones que se puedan tener con el Ejecutivo español, «a diferentes niveles», aunque «no siempre públicamente», el Gobierno de Urkullu «está insistiendo en que debe avanzarse en una política de acercamiento de manera clara y deben tenerse en cuenta determinadas situaciones de carácter humanitario que también deben ser atendidas».

«También hay que ir avanzando y trabajando en políticas de reinserción que, en los últimos años, han estado absolutamente abandonadas en esta materia», ha indicado.

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia ha manifestado que «la política de alejamiento de presos tiene un impacto fundamental y es que hace daño a las familias de los presos». «A partir de ahí, no se le reconoce y se le conoce ningún beneficio claro, más allá de perjudicar a las familias de los presos», ha asegurado.

Asimismo, ha defendido que «no está avalada legalmente porque, si bien es cierto que la legalidad no prohíbe el alejamiento, tan cierto como eso es que la legalidad lo que dice es que los presos deberían estar en los centros más cercanos a sus lugares de origen o residencia».

Jonan Fernández también se ha referido a la postura del PP, que asegura que la transferencia de prisiones supone «una cesión a ETA», y ha apuntado «que hay posicionamientos políticos y discursos que siguen actuando, presentándose como si ETA estuviera en activo».