El desarrollo de la Ponencia para el estudio de una ley que regule el euskara pone de relevancia que la consideración a esta lengua resulta uno de los puntos más candentes de la política navarra. El cuatripartito, en el momento de firmar el Acuerdo Programático, no pudo acordar una modificación de la Ley de 1987. Pero, en aras de establecer un marco de mínimos, decidió lanzar a debate una Ponencia en el Parlamento, donde se han escuchado a distintos expertos.

El PP decidió abandonar la comisión y no escuchar a nadie y, acto seguido, el UPN se apuntó al carro del boicot. El PSN, si bien decidió desmarcarse de esta postura insólita en el devenir parlamentario, utilizó esta Ponencia como ventana para una oposición frontal a que se toque la ley de 1987, a través de la cual se evitó la cooficialidad de la lengua y se partió el territorio en tres.

Este miércoles, al término de la votación de conclusiones, en lugar de discutir la zonificación por los malos resultados que esta ha cosechado en el aumento del uso de la lengua, ha utilizado la cifra del 7% de hablantes para negar el impulso a este idioma. En su opinión, no se pueden hacer políticas que no «respeten esta realidad sociolingüística».

Pese a ello, la Ponencia ha sacado adelante el informe que concluye que, transcurridos más de 30 años desde la promulgación de la Ley del Vascuence, «el estatus del euskera debe ser revisado, responsabilidad» que la Comisión Especial de la Ponencia deja «en manos de los grupos», a los que solicita un esfuerzo de «adecuación» que dé cumplida respuesta a la encomienda que el Parlamento de Nafarroa aprobó en el último Debate del Estado de la Comunidad.

La Comisión Especial apela a las nuevas herramientas que, para el fomento de las lenguas minorizadas y la protección de los derechos lingüísticos, se ofrecen en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996 y el Protocolo de Derechos Lingüísticos de 2017, y llama a adecuar las relaciones sociales, institucionales y ciudadanas a los nuevos parámetros derivados de la evolución cultural y del impacto de las TIC.

En lo relativo a la zonificación lingüística establecida a partir de la Ley del Vascuence de 1986, se cuestionan los criterios que la alentaron, «nunca explicados, recogidos y argumentados», y se subraya que «ni siquiera quienes ejercieron responsabilidades de gobierno en aquella época han sido capaces de aclarar el fundamento científico y técnico» de aquella decisión.

En lo tocante a la extensión o no de la oficialidad del euskara al conjunto del territorio, «cuestión nuclear» de todo este debate, se apunta que, si bien el Parlamento de Nafarroa «no ha mostrado una conformidad explícita, la mayoría tampoco excluye esa posibilidad».

EH Bildu también ha emitido una nota  sobre las conclusiones y valorando la experiencia, «La Comisión no ha conseguido llevar a cabo la tarea asignada por el Parlamento, es decir, redactar una propuesta para una nueva ley del euskara. El tiempo que la Comisión Especial ha estado en funcionamiento no ha sido suficiente para solucionar todas las complicaciones surgidas y lograr una conformidad en torno a una propuesta concreta. Tal y como se recoge en las conclusiones aprobadas, para la posible aprobación de la oficialidad en todo el territorio, hace falta aclarar y
consensuar ciertos aspectos, y esa labor está aún por concluir», admite la formación.

EH Bildu asegura que no cejará en su compromiso para lograr «una ley del euskara que garantice los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y que traiga la oficialidad del euskara en toda Nafarroa».