![Jone Goirizelaia, este jueves en sede parlamentaria. (@ehbildu_legebil)](/media/asset_publics/resources/000/573/420/article_main_landscape/jone.jpg)
La iniciativa, presentada por Jone Goirizelaia, busca «cambiar esa ley para garantizar la protección de víctimas y menores en situaciones de violencia machista, de modo que los agresores no tengan acceso legal ni a la guardia y custodia compartida ni al derecho de visita a sus hijos e hijas». Una vez superado el trámite inicial, la proposición será objeto de debate en ponencia de cara a su aprobación definitiva.
La parlamentaria de EH Bildu ha recordado que las medidas propuestas ya son de aplicación en otros estados europeos, pero no en el español, y «sería importante que el Parlamento de Gasteiz, en el ejercicio de sus competencias, fuera el primero en hacer una ley en estos términos en el Estado, porque va a garantizar los derechos de los menores en una situación de conflicto con violencia machista».
«Frente a la violencia machista en el marco del núcleo familiar no vale única y exclusivamente una solución aislada, sino que hacen falta propuestas integrales que afecten a todas las situaciones que se pueden dar en ese contexto», ha destacado.
Reacciones del resto de grupos
Amaia Arregi (PNV) ha considerado que en la actual ley ya se recogen «mecanismos suficientes para no otorgar la custodia compartida cuando existe violencia de género», pero ha añadido que «una vez abierto el melón» su partido tratará de «mejorar la ley en su integridad».
Eukene Arana (Elkarrekin Podemos) ha defendido que es preciso «debatir, analizar y encontrar nuevas y mejores soluciones» para proteger amenores víctimas de la violencia machista.
Alexia Castello (PSE) también ha dicho que su grupo no comparte la redacción de la reforma propuesta, pero sí la necesidad de «reflexionar» y analizar la aplicación de la ley, por lo que ha considerado que es oportuna la apertura del debate en ponencia.
Nerea Llanos (PP) ha subrayado que se debe «hilar fino» en la modificación de la norma porque lo contrario podría conllevar problemas de inconstitucionalidad, al tiempo que ha explicado que su apoyo a la reforma está motivado por la búsqueda de la protección de los menores a cargo de víctimas de violencia de género.
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