Así lo ha asegurado Barkos a preguntas de UPN en su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga el caso Davalor, una empresa tecnológica en quiebra que desde 2015 recibió el apoyo del Gobierno y de Sodena en forma de avales y préstamos.
«Si usted está intentando deslizar la idea de que aquí se ha cometido algún tipo de ilegalidad, yo tengo que desmentirlo rotundamente hasta donde yo sé», ha dicho rotunda la presidenta, molesta por la incidencia de algunas de las preguntas del portavoz regionalista, Juan Luis Sánchez de Muniáin.
Sobre su respaldo a estos préstamos concedidos, Barkos se ha hecho «responsable en lo que corresponde a mi calidad de presidenta del Gobierno», pero se ha desvinculado de detalles técnicos que lo le corresponden y de fechas concretas de las actuaciones.
Así, ha reconocido que el primer préstamo de un millón de euros. de cuyo posterior destino -según UPN parte del dinero el promotor lo dirigió a otras de sus empresas- se adoptó como punto fuera del orden del día en un consejo de Gobierno, pero la excepcionalidad se habitual y en este caso «la premura era la propia situación de la empresa, que ha quedado aquí acreditada».
Ha negado conocer que la propuesta llegó al consejo de Gobierno cuando ya Ayerdi se había reunido con el promotor de Davalor, y también ha negado conocer que el empresario usó este apoyo para conseguir créditos bancarios.
Preguntada por la posible excepcionalidad de que el informe que avaló el apoyo del Gobierno lo elaboraran el propio Ayerdi, su jefa de Gabinete y la directora general de Política Económica, sin más asesoría técnica, ha considerado esta actuación como una «documentación absolutamente válida y legal» y ha valorado la «capacidad técnica» de la directora.
Barkos ha asegurado que en el momento del primer crédito ella no sabía que Davalor estaba en situación de insolvencia y que tenía el 78 % de la deuda - de más de cuatro millones- estaba vencida, pero sí conocía que se trataba de «una empresa tecnológicamente interesante», a cuyo promotor no conocía.
Además, preguntada por Geroa Bai sobre el posible «comportamiento ético» del Gobierno en este caso, Barkos ha vuelto a avalar a Ayerdi, y también ha negado que el Ejecutivo navarro tenga ninguna responsabilidad con los inversores privados que han apoyado el proyecto fallido, más allá del «disgusto de que un buen proyecto no haya podido llegar a buen puerto».
En respuesta en este caso a PSN Barkos ha insistido en destacar el «interés tecnológico» que el vicepresidente Manu Ayerdi apreció en Davalor y que sustentó la petición de apoyo para la firma, ha reconocido que conoció la delicada situación económica de Davalor, «como la de tantas otras» empresas, pero ha desvinculado el apoyo a Davalor de esta apurada situación.
«La decisión en este caso de invertir responde a otra circunstancia. Se concede un crédito desde una sociedad que apuesta por una empresa de un sector por el desarrollo tecnológico enormemente interesante. No cabe decir que se ha atendido la necesidad de una empresa por encima de la de otra», ha zanjado Barkos ante la pregunta sobre un posible «agravio comparativo».
Preguntada por la posibilidad de que la presidenta haya prestado «demasiada» atención a este caso, Barkos ha asegurado que tan solo le ha otorgado «la atención que requería en su momento y el protagonismo que la oposición me ha querido dar en este caso», en el que ha coincidido con Ayerdi en negar que «de ninguna manera» el Gobierno haya recibido «presiones de nadie».
Interesado el PSN por conocer si «algo falló en los controles» para que el apoyo a Davalor haya acabado en quiebra, la presidenta ha reconocido que «al calor de los datos de tan diversa índole no puedo hacer una valoración», y ha insistido en considerar que «de ninguna manera» el Gobierno de Nafarroa tiene algún tipo de responsabilidad patrimonial.
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