En un desayuno informativo en Bilbo, la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, ha afirmado que el Ejecutivo trabaja para «unir y buscar un marco en el que Cataluña se pueda volver a acomodar dentro de España», pero ha insistido en que nunca aceptará «el marco de la autodeterminación».

Ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha «parado» los contactos con los independentistas catalanes porque estos han puesto su «programa máximo» como condición para la negociación.

«La autodeterminación jamás ha sido aceptada, ni lo será, porque no cabe en la Constitución, ni en los tratados europeos, ni en el derecho internacional. Lo saben [los independentistas] desde el minuto uno», ha asegurado Celaá. 

En una entrevista en RNE, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá dialogando con la Generalitat, defendiendo que no cabe otro «método», pero rechazando que el «punto de partida» sea la reivindicación del principio de autodeterminación.

«No podemos aceptar que existe el derecho a la autodeterminación de un territorio, no existe en ninguna democracia ni en la nuestra. Si ese es el punto de partida para hablar es imposible», ha defendido.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha retado al líder del PP, Pablo Casado, a actuar jurídicamente contra Pedro Sánchez si tan convencido está de que ha cometido un delito de «alta traición» contra el Estado.

En un hilo en Twitter, Borrell admite que se puede discutir razonadamente sobre la utilidad, la conveniencia o las funciones de un «relator/coordinador» en las reuniones de los grupos políticos sobre Catalunya, pero recalca que nada justifica que eso sea lo «más grave que ha pasado en España desde el golpe de Estado de 1981» ni acusar de «alta traición» al presidente del Gobierno.

«Son acusaciones muy graves, tipificadas en el Código Penal, que deben sostenerse con los instrumentos jurídicos que existen para ello», afirma para añadir que «si el Sr. Casado está convencido de lo que dice, el artículo 102 de la Constitución le permite actuar con los diputados que tiene en el Congreso».

Para el ministro de Asuntos Exteriores, «resultan cansinas las patéticas invocaciones a que el Gobierno ‘sea valiente’, ‘no le tenga miedo a la derecha’ y se ‘atreva’ a reconocer el ‘derecho de autodeterminación’».

Incide en que «son cuestiones que no están amparadas por la Constitución ni por el derecho internacional» y subraya que Sánchez «lo ha vuelto recordar y a repetir» y que «no pueden hablar en nombre del pueblo catalán, excluyendo de él a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña que no les votaron».

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pasado por los micrófonos de la cadena Cope, para asegurar no descarta que el Gobierno y la Generalitat mantengan el diálogo «dentro de la Constitución», aunque manteniendo como «línea roja» el derecho a la autodeterminación.

«¿Alguien va a dudar de la lealtad a España de los integrantes de este Gobierno? Hasta ahí podíamos llegar», ha comentado.

Grande-Marlaska espera que el juicio por el 1-O que arranca este martes en el Tribunal Supremo español no «contamine» o «interfiera» en el debate político.

Tampoco le molesta que ayer en la manifestación de la madrileña Plaza de Colón se volviera a pedir la convocatoria de elecciones estatales, ante lo que ha recordado que es Pedro Sánchez quien tiene la potestad para ello y que en estos ocho meses de Gobierno el «90% de los decretos leyes han sido convalidados con el apoyo de Ciudadanos o el PP».