El Gobierno de Mariano Rajoy envenenó la posible resolución del conflicto con Catalunya acorralándola en los tribunales. Y cuando la moción de censura lo largó de la Moncloa por la corrupción del PP, dejó una bomba de relojería en el Tribunal Supremo, que entre ayer y hoy le va a explotar a Pedro Sánchez, dejándole al borde de unas elecciones de resultado incierto y que el propio presidente del Ejecutivo parece que da por hecho que va a perder, pues las utiliza a modo de amenaza. Habría que analizar quién fue el lumbreras gubernamental que hizo coincidir el calendario presupuestario con el judicial, cuando se sabía que estas semanas iban a ser las del arranque del juicio a los líderes independentistas catalanes.

En este contexto, no se sabe bien si el Gobierno de Sánchez ha tirado la toalla o ve una oportunidad electoral en situarse entre una derecha extrema pero dividida y el soberanismo catalán al que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó ayer de «chantajistas». El Ejecutivo del PSOE no pudo tener nunca la esperanza de que PP o Ciudadanos le ayudaran a aprobar las cuentas, pero si quedaba alguna posibilidad de que ERC y PDeCAT acabaran retirando sus enmiendas a la totalidad, la ministra, con su discurso, ejerció de dinamitera de cualquier puente que alguien pudiera estar intentando reconstruir.

El de ayer fue un debate presupuestario sin apenas números porque las acusaciones de traiciones a España, apoyo a los golpistas, negativas al diálogo o chantaje autodeterminista suplieron a la economía y a la profundización en inversiones, ingresos o gastos. No podía ser de otra forma visto el panorama.

Se lamentaba la ministra de Hacienda de que el juicio al procés hubiera «polarizado» las posiciones políticas frente a un debate presupuestario que debe ser «serio». ¿Acaso no es serio juzgar a doce políticos con peticiones de cárcel de hasta 25 años de cárcel, después de haber tenido a la mayoría de ellos en prisión preventiva antes del inicio de la vista y forzándolos a ser llevados y traídos de sus celdas durante los meses que van a durar las sesiones? ¿Pensaban de verdad que ERC o PDeCAT iban a estar analizando inversiones en esas condiciones?

María Jesús Montero trató de llevar por ese camino de las mejoras sociales y económicas a Joan Tardà, pero el portavoz de ERC ni siquiera entró en ello, Fue al fondo de la cuestión y recordó que no pedían la autodeterminación para permitir aprobar los presupuestos, sino «el inicio de un diálogo que con el tiempo podría llevar a una negociación y con más tiempo todavía quizá a un acuerdo». Aseguró que eso «se tocaba con los dedos», pero que el Gobierno se ha dejado «amedrentar» por la derecha. Tardà hizo gala de paciencia histórica, y aseguró que «esta vez no se han atrevido, pero insistiremos».

También el diputado del PDeCAT Ferran Bel Accensi coincidió en que algo había pasado antes del viernes y le ofreció a Pedro Sánchez la retirada de la enmienda a la totalidad si el Gobierno vuelve «a lo poco que faltaba» el jueves por la mañana para llegar a un acuerdo. Aseguró que si se convocan elecciones, será porque el presidente del Ejecutivo lo quiere, recordando que puede gobernar con una prórroga presupuestaria.

Entre tanto, a través de las redes sociales y con una imagen de los líderes catalanes en el banquillo de los acusados, el PP se jactaba de que «si están ahí sentados es porque había un Gobierno del PP». Pretendían contrarrestar así el protagonismo adquirido por Vox en el Tribunal Supremo dado que es la acusación particular en el juicio, donde su secretario general, Javier Ortega Smith, va a estar haciendo campaña electoral los próximos meses.

La derecha ha convertido el castigo al soberanismo catalán en causa electoral y el PSOE le ha comprado el discurso, haciendo imposibles las soluciones. Sánchez se ha enredado en esa trampa y parece haberse acomodado a la situación, atendiendo quizá a sus augures demoscópicos. Mirando a las urnas, ha perdido la oportunidad de ver el futuro.