La iniciativa, que busca adaptar la organización y funcionamiento de la Administración al desarrollo tecnológico y la nueva realidad social, será elevada a pleno, el 7 de marzo, para su definitivo debate y votación, informa la Cámara navarra.

Entre otras cuestiones, implica la derogación de la Ley navarra 11/2007 para la implantación de la Administración Electrónica, en su día un hito a nivel tecnológico y social, y en este caso punto de partida para hacer frente a los nuevos retos en la materia.

Con el objeto de mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía y la eficacia de la actividad administrativa, se propugna la implantación de una administración electrónica generalizada y la aplicación de las nuevas tecnologías al procedimiento administrativo común.

En ese contexto, se subraya que la tramitación electrónica debe constituir la «actuación habitual» de las Administraciones, tanto a nivel interno, al entender que optimiza los principios de eficacia y eficiencia, como a nivel externo, pues permite ofrecer una «información puntual, ágil y actualizada» que «refuerza las garantías de los interesados» y facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

En ese marco, se preceptúa como derecho el Punto de Acceso General Electrónico, a través del cual la ciudadanía podrá acceder a todos los servicios y procedimientos de la Administración, así como del conjunto de las Administraciones Públicas.

La adaptación a esta nueva forma de tramitar contempla un sistema generalizado de identificación y firma del personal al servicio de la Administración.

La ley alberga una nueva regulación del Registro General Electrónico, de modo que, desde su interconexión con los de otras Administraciones, resulte plenamente interoperable, requisitos ambos fundamentales para la consecución de la administración electrónica.

El Archivo Electrónico Único se presenta como fundamental para asegurar la conservación y custodia de la documentación administrativa sin papel.

Además se prevé la existencia de Oficinas de Asistencia en materia de registros que se ocuparán de ayudar a las personas no obligadas a tramitar electrónicamente y se encargarán de las funciones propias del registro y la digitalización de la documentación.

Estarán asistidas por personal inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados, del que, a través de una enmienda in voce de Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, que ha salido adelante por unanimidad, se excluye al personal contratado en régimen administrativo, al estimarse que pudiera emplearse como «método de ahorro de costes en la Administración».

Finalmente, se dispone la creación del Registro de Apoderamientos, en el que se inscribirán las representaciones que las personas físicas o jurídicas otorguen a favor de terceros para actuar ante la Administración navarra.

A propósito de la planificación y mejora del marco normativo y a instancias del PSN, cuya enmienda in voce ha prosperado por asentimiento, se aducen razones de «transparencia» para obligar al Gobierno a «informar públicamente del grado de cumplimiento» del plan normativo que anualmente deberá elaborar y publicar en el Portal del Gobierno Abierto.

En lo referido a la organización de la Administración navarra y del Sector Público Institucional, se hace constar la posibilidad de crear Autoridades Administrativas Independientes para funciones de supervisión o regulación de carácter externo y se contempla la instauración de Consorcios, figura centrada en el desarrollo de actividades de interés común competencia de distintas Administraciones o Entidades.

La supervisión continuada del Sector Público Institucional Foral se efectuará «en relación a los logros obtenidos con su actividad e incorporará la opinión de los ciudadanos cuando se trate de la prestación de servicios externos», según una enmienda in voce presentada por el PSN y aprobada por unanimidad.

A propuesta de Geroa Bai, EH Bildu e I-E, se ha incorporado una disposición adicional para, con motivo de las elecciones del 26 de mayo, regular el devengo de horas extraordinarias por parte del personal de la Administración que participe en la organización y desarrollo de los comicios.