Con el objetivo de estrechar el cerco diplomático y aislar más al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su Gobierno, el Grupo de Lima optó ayer imponer nuevas sanciones económicas, secundado la petición realizada por EEUU y el anfitrión de la reunión, el mandatario colombiano, Iván Duque, pero aseguró que descarta una intervención militar para sacar del poder al jefe del Estado venezolano, desoyendo algunas declaraciones en ese sentido de líderes de la oposición y a pesar de que tanto el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, como el autoproclamado «presidente encargado», Juan Guaidó, insistieron en que todas las opciones siguen sobre la mesa.

La reunión del Grupo de Lima en Bogotá arrancó con un llamamiento a favor de la convocatoria de elecciones «libres» y un desmentido a quienes «insinúan» que sus integrantes abogan por el uso de la fuerza para poner fin a la «dictadura» de Maduro. Reiteró su «convicción» de que la «transición democrática» en Venezuela «debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el amparo de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos y sin el uso de la fuerza», según la leída por el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.

Además, el Grupo de Lima pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que «tome en consideración» la «grave situación de Venezuela y la denegación del acceso a la asistencia humanitaria, que constituye un crimen de lesa humanidad».

En la reunión, Pence anunció nuevas y mayores sanciones económicas y diplomáticas contra autoridades venezolanas, entre ellas a tres gobernadores de estados vecinos de Colombia a quienes acusó de bloquear la entrada de la ayuda humanitaria y de «prohibir manifestaciones pacíficas». Expresó su apoyo «al 100%» a Guaidó y advirtió de que si alguien amenaza a Colombia por su «defensa de la democracia» en Venezuela «enfrentará la determinación» de su país.

En Washington, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, anunció la imposición de sanciones económicas a cuatro gobernadores próximos a Maduro por su «implicación en el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria y la endémica corrupción».

La Unión Europea (UE) había llamado a evitar una «intervención militar» en Venezuela y a apostar por una salida «pacífica, política y democrática» a la crisis, mientras el principal aliado de Maduro en la región, el presidente de Bolivia, Evo Morales, apelaba a la cautela y reclamaba a los reunidos en Bogotá que «busquen una solución mediante el diálogo como opción para salvar vidas y evitar que la guerra traiga destrucción a nuestra América Latina». También su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió un diálogo sin cortapisas y una «salida pacífica negociada» que pase por la «no intervención y autodeterminación de los pueblos» y «alejen la tentación del uso de la fuerza».

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy a petición de EEUU para tratar la crisis venezolana tras el fracaso del plan de Guaidó de introducir por tierra o mar en territorio venezolano la ayuda humanitaria acopiada en Cúcuta, Pacaraima y Curazao. A finales de enero, Washington presentó una resolución que buscaba el respaldo a la Asamblea Nacional y abogaba por iniciar «inmediatamente» un «proceso político que lleve a unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles», pero la iniciativa se encontró rápidamente con la oposición de Rusia, que propuso su propia resolución alternativa, señalando que la situación en Venezuela es un asunto interno y criticando cualquier intento de intervenir.