No ha sido fácil para muchos explicar lo que padecieron de niños en el colegio de los Salesianos de Deustu. Poco a poco, fueron acumulando fuerzas, superando la vergüenza, el miedo y la culpa que les ha mantenido durante décadas en silencio. Eran conscientes de que se enfrentaban al archivo judicial de las denuncias que han presentado ante diversos cuerpos policiales y, a pesar de ello, insistieron ayer en animar a que les secunden otras víctimas.

Coincidiendo con la clausura de la cumbre sobre la pederastia en Roma y el reciente archivo de las primeras denuncias contra el ex seglar José Miguel San Martín Unanumo, estas víctimas instaron ayer a la clase política a que, «lejos de capitalizar y rentabilizar electoralmente esta lacra social tristemente de actualidad», sitúen el tema en su agenda «con la alta intensidad que merece».

Ya lo hicieron y ahora lo reiteran: quieren cambios legislativos para que los abusos sexuales en la infancia no prescriban nunca. Lo dijeron en la concentración que tuvo lugar el 8 de febrero en Deustu, al pedir que tengan ahora la posibilidad de defenderse que no tuvieron de niños frente a sus agresores. A pesar de que eran conscientes del «recorrido judicial limitado», han presentado una treintena de denuncias, en su mayoría contra José Miguel San Martín Unanumo, aunque también las hay contra el salesiano Pablo Ortega, de 80 años, al que la congregación religiosa ha trasladado de Santander a Madrid, apartándole de menores mientras efectúa una investigación canónica.

Además, las víctimas demandan a los políticos que las penas que se impongan a los pederastas sean «proporcionadas y proporcionales al daño causado a las víctimas y a toda la sociedad». También consideran que las administraciones públicas deben atender a las niñas y niños que padezcan abusos con la especialización y profesionalidad que necesiten.

El archivo de las denuncias no supone que se vayan a dar por vencidos tan pronto. Las víctimas aclaran que su objetivo era dar a conocer a la sociedad y a los poderes públicos «la intensidad, dimensión y alcance de estas atrocidades». Por ello, animaron a todos aquellos agredidos que estén dudando de la eficacia de acudir a la Policía a que lo hagan. «Tenemos la certeza de que hay más personas afectadas, compañeros nuestros a los que, desde el respeto más absoluto a su momento personal, invitamos a denunciar y transmitimos, desde ya, todo nuestro apoyo», dijeron.

«Conocer toda la verdad»

La petición de cambios también la hacen extensiva al ordenamiento jurídico de la propia Iglesia católica, para no solo condenar a los abusadores, sino también a los encubridores. «Quien encubre el delito permite que este se perpetúe y repita en el tiempo, multiplicando el número de víctimas», defienden. No son pocas las voces que acusan a la dirección del centro de saber de los hechos que ocurrieron en las décadas de los 70 y 80, y de ocultarlos para no dañar la imagen del colegio.

Los agredidos siguen empeñados en conocer «la verdad y toda la verdad» de lo que sucedió en el colegio de los Salesianos de Deustu «como único camino para cerrar definitivamente nuestras heridas». Exigen a la orden religiosa, pero también a la jerarquía eclesial en general, «contundencia, honestidad, transparencia y humildad en el reconocimiento de todo el daño causado, y en las medidas a adoptar para descubrir y perseguir a los abusadores y a los encubridores que consintieron que los abusos se perpetuasen en el tiempo».

«Es insultante que la justicia canónica y sus instituciones jurídicas, empezando por el Secreto Pontificio, constituyan la base sobre la que se sostiene el aparato encubridor», denunciaron las víctimas de Salesianos en su comunicado de ayer.

Munilla «va más allá»

No es de la misma opinión el obispo de Donostia, José Ignacio Munilla, quien defendió ayer que la Iglesia va «más allá en la exigencia civil» en la investigación de casos de abusos sexuales. «Independientemente de que estén prescritos, la Iglesia canónicamente estudia lo que ha sucedido en el pasado porque tenemos que ser ejemplarizantes», destacó, advirtiendo de que en «el mundo civil cuando algo prescribe está prescrito», pero en el seno de la Iglesia se «lucha contra los casos que sucedieron hace 30, 40 ó 50 años».

En declaraciones al programa Boulevard de Radio Euskadi, Munilla aseguró que no es «un problema específico de la Iglesia católica» ya que en el Estado español hay un registro oficial de antecedentes penales con sentencias firmes en el que están incluidas 45.155 personas, de las que 33 son clérigos. «Entendemos, no obstante, que a nosotros se nos pida un plus por predicar un mensaje que tiene una máxima incoherencia cuando en nuestro seno pueden acontecer estos casos», apostilló el prelado ultraconservador.

«En este momento existe un grado de libertad y pudo haber también detrás de muchos abusos en materia sexual también un abuso de autoridad. La autoridad moral tan grande que podía tener un sacerdote se podía utilizar para mal. El que perdamos autoridad moral, en cierto sentido tiene un aspecto positivo», señaló José Ignacio Munilla en referencia a que en los últimos años estén apareciendo casos acaecidos hace décadas.

Además, el obispo de Donostia consideró que a las víctimas se les puede pedir perdón, «con una sinceridad plena junto a un ofrecimiento de acompañamiento y reparación del daño producido».

Juan Cuatrecasas declara que no creerán «hasta ver hechos»

Juan Cuatrecasas, padre del ex alumno de Gaztelueta que sufrió abusos sexuales de un antiguo docente en el colegio del Opus Dei, explicó ayer que retornaba de Roma «escéptico y cauteloso», tal y como acudió a seguir de cerca la cumbre vaticana. «Son muchos años ya de ver trampas, mentiras, ausencia total de empatía hacia mi hijo y esta familia, igual que hacia el resto de las víctimas que con sus testimonios terribles se han cruzado en mi camino», manifestó el presidente de Infancia Robada.

Cuatrecasas cree que, «aunque insuficientes, los ocho puntos relatados por Francisco son un punto positivo». Reconoce que algunos coinciden con sus reivindicaciones pero añade que «queda aún mucho por plantear y hacer, muchos compromisos con plazo que asumir por el Papa, los obispos, los cardenales y por los miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe». «Llegamos las víctimas a sede vaticana para dar una oportunidad a la Iglesia y no para que la Iglesia nos diera una oportunidad», advierte.

Lo viene repitiendo antes de la cumbre antipederastia y después: «El perdón está bien, pero esto no es un pecado, es un delito horrible. No son casos puntuales, hay cantidad de casos y de víctimas». «No creeremos hasta ver hechos y no solo palabras, hasta comprobar que para la jerarquía eclesiástica española los cambios pasan por limpiar su pasado, actualizar su presente y preparar su futuro con acciones y no con omisiones, con humildad y no con soberbia, con respeto y dignidad hacia sus víctimas y no con ínfulas por exceso y transparencia por defecto e inexistencia», expuso.

Juan Cuatrecasas emplaza a la jerarquía católica a que, «de momento, no nos pidan creer en lo increíble, comulgar con ruedas de molina o pecar de ingenuos». La asociación que él preside no se cansa de exigir una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez. «Nos lo debe y no pedimos nada extraordinario», sostiene.

Blázquez, al igual que otros jerarcas católicos, remarca que el problema de los abusos sexuales a menores no es en exclusiva de la Iglesia sino del conjunto de la sociedad. Lo cierto es que la Conferencia Episcopal que él preside no ha facilitado datos de los casos en que sacerdotes o religiosos han estado implicados, a pesar de que las víctimas llevan años reclamándoles que dejen de encubrir a los agresores.

En declaraciones a la Cope, el arzobispo de Valladolid consideró que «se necesita una reacción de carácter penal, nada de encubrimientos, nada de un silencio cómplice, tiene que haber una denuncia clara, colaboración con las autoridades del Estado y unos protocolos de actuación». Tras participar en la cumbre, Blázquez subrayó que lo más importante es «escuchar a las víctimas sin mirar el reloj» y comunicar las denuncias de abusos a las autoridades. «El Papa habló no solo de orientaciones y directivas, sino también de normas», subrayó el presidente de la CEE.A.G.