La delegación parlamentaria, integrada por Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu), Joseba Agirretxea (PNV), Gabriel Rufián (ERC), Marta Sibina (En Comú Podem) y Alexandra Fernández (En Marea), ha permanecido reunida durante más de tres horas con los jóvenes.
Ocho jóvenes de Altsasu fueron condenados por la Audiencia Nacional española, en una sentencia que ha sido recurrida, a penas de entre dos y 13 años de prisión por la trifulca que tuvieron con dos guardias civiles.
En declaraciones a los periodistas tras la visita, Beitialarrangotia ha lamentado que estos jóvenes «hayan visto truncados sus proyectos de vida por una pelea de bar».
La diputada de EH Bildu ha denunciado el «abuso» que supone el hecho de que mientras personas que son «verdaderos peligros para la sociedad», como «los violadores de ‘La Manada’», aguardan en libertad a que se dicte una sentencia firme sobre su caso, unos jóvenes que «no son un peligro para nadie» continúen en prisión preventiva.
Agirretxea, por su parte, ha denunciado la elevada condena impuesta a estas personas por una mera «pelea de bar». El diputado del PNV ha subrayado que cada año hay más de 800 peleas de este tipo, pero que las condenas que se imponen «no son equiparables» a las que se han dictado en este caso.
Además, el parlamentario jeltzale ha recordado que pese a que a estos jóvenes se les trató de atribuir un delito de «terrorismo», la Audiencia Nacional descartó finalmente esta posibilidad.
«Cada vez más represión»
Alexandra Fernández ha expresado su solidaridad con estos jóvenes, sobre los que ha asegurado que han sido elegidos como «cabezas de turco» de una «estrategia de Estado represiva». «Hoy pasa aquí y en Catalunya; y mañana puede ocurrir en cualquier otra parte del Estado. Estamos viendo cada vez más represión», ha alertado.
Rufián, en una línea similar, ha asegurado que si en lugar de ser de Altsasu, estas personas fueran «de la Alpujarra», ya estarían en libertad. El diputado de ERC considera que estos siete jóvenes «fueron utilizados como cabezas de turco».
El diputado de ERC, que ha denunciado las «irregularidades» que se produjeron en el juicio sobre este caso, ha subrayado que la situación de estos jóvenes, así como la de los dirigentes independentistas catalanes encarcelados, lo que evidencia «la deriva represiva y reaccionaria del Estado».
Rufián ha lamentado que «la izquierda española cobarde» permanezca «callada» ante estos ataques «a la democracia y a los derechos civiles», con el único fin de «ganar unos votos no sé dónde».
Por su parte, Marta Sibina ha lamentado que la situación en la que se encuentran estos jóvenes es «surrealista», por lo que ha animado a la ciudadanía a seguir «batallando y denunciando» lo ocurrido en este caso.