A la vista del texto de dicha proposición de ley, el Gobierno muestra la conformidad a su tramitación a la vista de que el club está al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Tributaria de Nafarroa convirtiéndose en una entidad sin deudas y se estima que puede asumir los compromisos derivados de los créditos que se contraten.

Asimismo, y aunque el Gobierno de Nafarroa no tiene obligación de exigir garantías a la entidad avalada, ha tenido en cuenta que se hayan establecido determinados mecanismos de limitación de riesgo que responden del aval a conceder, lo que reduce el riesgo de la operación.

No obstante, cabe recordar la exigencia, con anterioridad a la aprobación del Acuerdo de Gobierno de Nafarroa de concesión del aval, de solicitar autorización al Ministerio español de Hacienda para poder realizar dicha concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Resolución de 9 de septiembre de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de la comunidades autónomas de las operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros y la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra presupuestario.

Además, el Gobierno de Nafarroa ha aprobado la modificación de la Ley Presupuestos Generales de 2019 con el fin, por un lado, de ampliar la cantidad de avales u otras garantías análogas que se pueden otorgar, hasta un importe máximo de 43 millones de euros; y por otro lado, de establecer el riesgo máximo de los avales u otras garantías análogas concedidos por el herrialde en 62 millones de euros. Para las entidades públicas y las sociedades públicas, el riesgo vivo máximo se fija en 108 millones.

El objetivo de la proposición de ley a la que el Gobierno ha dado su conformidad es regular la autorización al Ejecutivo navarro del otorgamiento de un aval del herrialde a favor de Osasuna, por importe total de 23 millones de euros, para la financiación de las obras de reforma del estadio el Sadar y para amortizar la deuda pendiente del club.

De ellos, 16 millones de euros irán destinados a realizar las inversiones necesarias para la reforma y ampliación del estadio, y siete millones de euros a cancelar la deuda pendiente de abono del club, unificando los créditos en uno único.

En la proposición de ley foral se imponen a Osasuna una serie de garantías y mecanismos de limitación del riesgo para el cumplimiento de sus obligaciones, como son: los ingresos por retransmisiones, los ingresos por traspaso de jugadores y la obligación de destinar importes adicionales a la amortización anticipada de los préstamos avalados en caso de ascenso, así como los bienes futuros del club en caso de no ser garantías suficientes las actuales. Asimismo, se establecen obligaciones, tanto de las entidades financieras acreedoras, como de Osasuna, respecto del Departamento de Hacienda y Política Financiera.

También se regulan otras cuestiones como los gastos de autorización y formalización del aval (a cargo del club), el no devengo de comisiones, la designación de un representante del Gobierno de Nafarroa en la Comisión de control económico del club o la modificación de los importes máximos que el Ejecutivo navarro tiene para otorgar avales (que aumenta hasta los 43 millones de euros) y el riesgo vivo máximo de dichos avales (que asciende a 62 millones de euros), consecuencia directa de la concesión del aval de 23 millones de euros regulado en la proposición de ley.