![Presentación de la plataforma Ur Publikoa, hoy en Bilbo. (Monika DEL VALLE/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/585/225/article_main_landscape/UR.jpg)
Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK, Steilas, EHNE, CGT y CNT; organizaciones de consumidores como EKA, UCE y Facua; Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo, Berri Otxoak, Pentsionistak Martxan; colectivos ecologistas como Ekologistak Martxan, Eguzki y Gernikako Ekologi Lan Taldea; Ingeniería Sin Fronteras, Coordinadora de ONGs Euskadi, Observatorio Multinacionales América Latina-Paz con Dignidad y Fundación Nueva Cultura del Agua, junto con profesores y catedráticos de la universidad conforman la plataforma Ur Publikoa. Su apuesta es por un modelo de gestión del ciclo integral del agua público, social, democrático y sostenible.
Uno de los promotores es Iñaki Antigüedad, catedrático de Hidrología de la UPV-EHU, que ha incidido en que el agua es uno de los cinco elementos «esenciales» para la sostenibilidad, según la ONU, junto a energía, salud, biodiversidad y agricultura . Ha advertido también que con el cambio climático uno de los elementos claves va a ser el cambio de los recursos hídricos, algo que no está siendo tenido en cuenta por las instituciones.
Antigüedad ha defendido el «agua como parte del territorio». «Bilbao tiene que mirar a Bizkaia y no Bizkaia a Bilbao», abogando por un modelo de »proximidad» como el del Consorcio de Busturialdea frente al del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, dependiente en extremo del sistema del Zadorra, en territorio alavés, Asimismo, el catedrático ha apuntado a que un reto a corto plazo es conseguir que las ciudades sean «hidro-responsables» o «aguas-responsables».
Ur Publikoa se constituye, así lo han reconocido, a raíz de la gestión «tecnocrática, alejada de la participación ciudadana y de los retos claves de la sostenibilidad» que perciben. Acusan al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB), así como a otras instituciones, de perseguir una mayor privatización de la gestión del líquido elemento. Hoy en día, el CABB engloba a 80 municipios, que abarca al 91,2% de la población del herrialde, y el de Busturialdea, que agrupa a 16 localidades de esa comarca. Además, otros 15 ayuntamientos gestionan localmente tanto el abastecimiento como el saneamiento, y Ermua está integrada en el Consorcio Gipuzkoako Urak.
La plataforma pretende ampliar el número de apoyos, por ejemplo entre los que se oponen a la desaparición del Consorcio de Aguas de Busturialdea, quienes reclaman soluciones para la problemática de Karrantza o las que reivindican el mantenimiento de los recursos hídricos locales, como hace Bakio.
El objetivo de Ur Publikoa, así lo han destacado, es socializar la cuestión entre la ciudadanía de Bizkaia y también que las instituciones, formaciones políticas y entes gestores cambien sus políticas. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, reivindican una gestión ligada al territorio, «que abogue por la protección de las fuentes del agua, que revise la política tarifaria y procure la implicación y la capacitación de todas las personas usuarias en el uso del agua y en la participación activa».
Reinversión íntegra
La plataforma ha anunciado que velará porque todos los ingresos que se obtengan a través de las tarifas de abastecimiento y saneamiento, así como las subvenciones, operaciones de crédito, o cualquier otro medio, vinculados al ciclo integral del agua se destinen a sufragar los costes de dichos servicios.
Asimismo, sus promotores incentivarán tarifas progresivas y que garanticen el uso sostenible del agua, incluyendo penalizaciones, exenciones e incentivos que garanticen el acceso universal de la ciudadanía a servicios de «alta calidad» y una gestión de la demanda eficiente. Defienden que la estructura tarifaria ha de incluir tarifas de «carácter social» que tengan en consideración a colectivos desfavorecidos y su situación socioeconómica.
Otro de los aspectos claves, en su opinión, es que la representación en los órganos de dirección y gestión de los consorcio sea «más plural, democrática y con cauces de participación real y efectiva de la ciudadanía».
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